La Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (Amelaf) ha tomado un papel activo en la defensa de la industria nacional, planteando sus preocupaciones sobre la creciente competencia desleal procedente de laboratorios extranjeros, en especial de aquellos provenientes de India. Estos laboratorios ofrecen medicamentos a precios que resultan imposibles de igualar para los fabricantes mexicanos, en algunos casos incluso por debajo del costo de las materias primas.
El presidente de Amelaf, Juan de Villafranca, ha instado al Gobierno federal a establecer reglas claras y justas que eviten esta competencia desleal. La principal demanda es que se restrinja la entrada de productos extranjeros que llegan gracias a subsidios gubernamentales, los cuales otorgan ventajas significativas a sus fabricantes.
El contexto es particularmente crítico, dado que el 90% de los Ingredientes Farmacéuticos Activos (API) utilizados en la industria mexicana son importados, en su mayoría desde India y China. Villafranca subraya la necesidad de un “piso parejo” que no favorezca a los laboratorios extranjeros y que enfatice la relevancia de la industria farmacéutica en México.
Aunque las autoridades han propuesto que las empresas extranjeras establezcan plantas en México, Villafranca ha expresado su preocupación de que se planteen requisitos laxos, como la simple apertura de almacenes, lo que podría llevar a una situación en la que las empresas foráneas evadan las normativas laborales y fiscales locales. Una planta con el Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación (GMP) es considerada una inversión significativa, y cualquier intento de facilitar la entrada de productos elaborados en otros países a través de almacenes sería engañoso.
El 29 de mayo de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció un decreto orientado a atraer inversiones en la producción de medicamentos en México a partir de 2026, con la ambición de posicionar al país como un líder en el sector farmacéutico. Sin embargo, Villafranca ha advertido que aún se desconocen los detalles esenciales de este decreto, especialmente si se contemplará de igual manera la inversión en plantas productivas y almacenes.
Particularmente preocupante es la reciente subasta de compras consolidadas del sector salud para 2025-2026, que mostró ofertas de laboratorios indios a precios que dificultan la competencia de los laboratorios mexicanos. Villafranca señala que algunas de estas empresas extranjeras tienen el respaldo de sus gobiernos, lo que les permite ofrecer precios que los fabricantes mexicanos no pueden igualar.
A fin de proteger a la industria local, Amelaf propone que se respete un 15% de preferencia en las licitaciones para empresas que producen en el país, como lo estipula la Ley de Adquisiciones y Obra Pública. Esto brindaría una ventaja en el proceso de calificación a quienes operan plantas en México y que utilizan insumos nacionales.
La incertidumbre persiste respecto a cómo se gestionarán las licitaciones de medicamentos de salud pública, ya que existe el temor de que, si no se adjudican ciertos productos, la solución podría ser importar desde el extranjero, sin contemplar la producción local.
Villafranca ha hecho hincapié en la necesidad de mayor apoyo a las empresas farmacéuticas nacionales, que son responsables de aproximadamente el 80% de los medicamentos consumidos en el país y ofrecen una considerable cantidad de empleos. A pesar del enfoque del gobierno en atraer inversión extranjera, ha lamentado que la industria mexicana no haya recibido la atención y apoyo que merece en esta nueva fase de políticas.
Este debate se sitúa dentro de un marco más amplio sobre la relevancia de sostener una producción local robusta, capaz de enfrentar los desafíos del mercado global y salvaguardar la salud pública en México. La preocupación por la competencia desleal resuena como una llamada a la acción para establecer una industria farmacéutica más equitativa y próspera.
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