El grupo en el poder pregona una nueva reforma electoral. No se vislumbran objetivos para mejorar o hacer más eficiente el sistema electoral. Nubarrones de tormenta asoman en el firmamento político.
El defenestrado candidato a la gubernatura de guerrero expresó lapidario, refiriéndose a los consejeros del INE, con toda pulcritud lingüística, “me los voy a chingar”; el coordinador de Morena del Grupo Parlamentario en el Senado enunció: “…una vez que concluya el proceso electoral será inevitable una reforma que someta al principio de legalidad a los órganos electorales…”; Mario Delgado presidente de Morena señaló sobre el INE que, “…se tendrá que pensar seriamente desde el Congreso de la Unión si renovarlo o exterminarlo…”; por su lado, el Presidente de la República declaró “…aunque parezca increíble, son enemigos de la democracia, no la quieren…” y, todavía fue más allá al pronunciarse para que el Instituto Nacional Electoral fuera absorbido por el Poder Judicial de la Federación. La coincidencia básica de la cúpula morenista es disminuir el costo electoral recortando el presupuesto de los organismos electorales y de los partidos políticos, sin evaluar la funcionalidad sistémica de esas instituciones.
Vale la pena traer a la memoria el azaroso andar de las reformas electorales desde la ya mítica de 1977-1978, cuyo objetivo, desde el poder, fue permitir una mayor pluralidad acotada, sin que el PRI perdiera la hegemonía. La oposición vio una ventana de oportunidad para ampliar los cauces democráticos al ampliarse la arena de la competencia electoral. Fue un primer paso.
La reforma 1986-1987 amplió el número de diputados de representación proporcional de 100 a 200 y por primera vez se entregó financiamiento público en dinero a los partidos políticos. El levantamiento Zapatista la madrugada de año nuevo de 1994 obligó a una nueva reforma electoral para vestir de imparcialidad al IFE, cambiando la figura de los integrantes del Consejo General del IFE, de magistrados electorales a consejeros ciudadanos.
La reforma electoral de 1996 consolidó definitivamente la autonomía del IFE al trasformar a los consejeros ciudadanos en consejeros electorales, dándoles la calidad de servidores públicos. La transformación de las reglas comiciales de 2007-2008, fueron polémicas, pero atendieron virtuosamente la guerra sucia instrumentada desde el poder, en la elección presidencial de 2006, contra del candidato opositor Andrés Manuel López Obrador. La modificación del modelo de comunicación política fue sustancial; se prohibió a los particulares y partidos contratar tiempos en radio y televisión, éstos últimos sólo podrían hacer usos de las prerrogativas otorgadas de los tiempos del Estado.
Esta breve reseña tiene el fin de hacer ver que para plantearse realizar una reforma electoral es necesario efectuar un diagnóstico de la funcionalidad sistémica de las normas jurídicas de la materia y el desempeño de las instituciones electorales, pero otro elemento indispensable a considerar es la realidad política, valorar la percepción social que existe sobre ella.
Sobre el primer punto es necesario señalar que, la modificación a la legislación electoral de 2014 se planteó dos objetivos: disminuir el costo de las elecciones y que los gobernadores sacarán las manos de las elecciones locales. Para alcanzarlos se dio un giro de ciento ochenta grados, se transitó de un sistema electoral descentralizado, federalista, a uno centralizado, con homologación de los calendarios electorales federal y locales. La clase política realizó la reforma, como dice Colin Crouch: “sólo mirándose al ombligo”. Ninguno de los dos objetivos se logró.
Esta contrahecha reforma es una de las causas de los conflictos preelectorales actuales, al modificar mecanismos de equilibrio político sistémicos, sin construir otros. Al homologar los calendarios abrió la posibilidad que una fuerza política se convirtiera en predominante en la coyuntura de una elección presidencial, como sucedió en 2018. Se incrementó el número de consejeros de 9 a 11, para que los partidos mayoritarios pudieran hacer sus propuestas: 4, 3, 3 y, el consejero presidente de consenso. El IFE se transformó en INE, asumiendo atribuciones de los institutos electorales locales, los aspectos más relevantes fueron: casilla única, capacitación, fiscalización y tal vez las más aberrantes sean la atracción, con el fin de fijar criterios en asuntos relevantes y la asunción para organizar las elecciones locales. Un ejemplo de confrontación derivado de la centralización son los casos del retiro de las candidaturas a gobernadores de Michoacán y Guerrero, convertidos en conflictos nacionales; si la fiscalización se hubiera mantenido como atribución local esas tensiones serían locales.
El IFE y el INE, a pesar de los pesares, permitieron que la trasmisión del poder se resolviera en las urnas, pacíficamente; fue a partir de la elección de 2006 que se inició la campaña de desprestigio en contra de las instituciones electorales. El IFE es la institución electoral de dos alternancias en la presidencia de la República y el INE de una, a nivel federal y local esa alternancia es cercana a 65 por ciento de la totalidad de cargos en juego. En 24 gubernaturas se ha dado la alternancia; en nueve ocasiones ganó el PAN, en siete Morena, cinco el PRI y tres para otros partidos.
En la renovación de casi veinte congresos locales han cambiado las mayorías; en 17 de las cuales Morena se convirtió en la fuerza predominante. Actualmente, en sólo cinco entidades no se han registrado alternancias en la gubernatura: Campeche, Colima, Coahuila, Hidalgo y el Estado de México, gobernadas por el PRI.
El segundo aspecto a considerar es el sentir social respecto de la política y sus actores. La Encuesta Nacional de Cultura Cívica 2020 proporciona elementos para valorar ese ánimo. El 90% de las personas de 15 años o más está a favor de un gobierno donde todos participen en la toma de decisiones o uno que esté encabezado por expertos en salud, economía y otros temas técnicos.
El 77.5 % de los entrevistados está a favor con el gobierno de un líder fuerte. Por otra parte, el 60% rechazó un gobierno de tipo militar y el 40% lo acepta. Así mismo, el 52.7% expresó estar satisfecho con la democracia que se tiene hoy en México, pero un 46.8% dijo estar poco o nada satisfecho.
Destaca que el 65% considera a la democracia preferible a cualquier otra forma de gobierno, el 31% admite que “en algunas circunstancias” un gobierno democrático puede “no ser la mejor opción”, o bien, que le da igual un régimen democrático que uno no democrático.
El 76% de los encuestados dijo que no confía en los partidos políticos, y el 50.7% coincidió en que estos “no sirven para nada” y 61% les tiene desconfianza. A su vez, el 67% expresó que no confía en los servidores públicos o empleados del gobierno. El 61% de la ciudadanía considera que las leyes se respetan poco o nada en México, y un 45% cree que no es posible disminuir la corrupción, cuyo combate es una bandera de la actual administración federal. Por su parte, el INE tiene una confianza ciudadana de casi el 60%; es la institución que genera mayor confianza después del Ejército, Marina y la Guardia Nacional.
Lo expuesto nos lleva a concluir que la percepción social sobre el funcionamiento gubernamental y de los partidos mantienen los mismos vicios del pasado. Aun cuando un sector importante de la población mira con buenos ojos un gobierno militar, la mayoría cree en la democracia, por ello la reforma electoral debe tener como objetivo fortalecerla.
Es definitivo el INE ha sido un engrane relevante para la trasmisión pacífica del poder y para la estabilidad política. Pretender extinguirlo o que el Poder Judicial asuma sus funciones son estulticias, lo que es indispensable es reflexionar como innovarlo sin que los actores políticos pierdan la confianza en el árbitro electoral.
