INE Michoacán Reconoce Riesgos de Narcoinfiltración 2027

El consejero electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), Manuel Plascencia Vázquez, ha subrayado la persistente amenaza que representan los poderes fácticos durante el próximo proceso electoral, instando a la vigilancia y al compromiso ético de las instituciones involucradas. Durante la inauguración formal del proceso electoral 2026-2027, Plascencia señaló que la intervención de estos grupos ha sido documentada en sentencias del Tribunal Electoral, lo que hace imposible ignorar el riesgo de su injerencia en los sistemas electorales y en la política.

Recalcó la responsabilidad histórica del Consejo Electoral y sus equivalentes en los 31 estados del país, instando a actuar con la máxima �scrupulosidad. Esta cautela es especialmente crucial en la selección de consejeros distritales y en las sesiones del Consejo General, donde la ética y la política deben prevalecer sobre cualquier germen antidemocrático que amenace el pluralismo y la libertad de los ciudadanos.

“Desde luego, la carga de las decisiones requiere en las siete consejerías, sin embargo, esta condición implica que los demás integrantes de este consejo local se exenten de actuar con los valores democráticos que su representación exige”, enfatizó. Además, enfatizó que es fundamental que los partidos políticos se aseguren de que sus candidatos no estén relacionados con actividades delictivas.

En este contexto, la creación de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas se establece como un componente vital para abordar la influencia de la delincuencia organizada en el proceso electoral. Esta comisión tendrá la responsabilidad de coordinarse con entidades como la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia y la Unidad de Inteligencia Financiera, con el objetivo de evaluar si existe un riesgo que vincule a ciertos candidatos con actividades ilícitas.

El enfoque de esta nueva estructura se centrará en prevenir cualquier vinculación que pueda comprometer la integridad del proceso electoral, garantizando que los aspirantes a cargos públicos cumplan con los estándares necesarios para preservar la democracia en el país. A medida que avanza este ciclo electoral, la vigilancia y la transparencia serán claves para fortalecer la confianza pública en las instituciones.

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