Infonavit ha hecho un anuncio significativo: se regularizarán las viviendas que han sido ocupadas ilegalmente, así como aquellas que pertenecen a propietarios que se encuentran en morosidad. En total, se han identificado aproximadamente 843,000 viviendas con problemas, de las cuales se han censado 168,000 hasta la fecha. De estas, 145,000 están ocupadas por personas distintas a los acreditados, así como por propietarios que ya no están cumpliendo con sus créditos. Además, hay 23,000 viviendas deshabitadas o vandalizadas.
El organismo ha decidido mantener la política instaurada durante el sexenio de López Obrador, que prohíbe los desalojos forzosos. En lugar de eso, se ofrecerá a los ocupantes la opción de alquilar con pagos accesibles, además de contemplar una eventual opción de compra a precios económicos. Es relevante señalar que este plan también incluye a personas que no son derechohabientes del Infonavit. A lo largo de este proceso, no se ejercerá coerción; se tratará de negociar con cada ocupante para que regularicen su situación. Aquellos que opten por no hacerlo continuarán en la vivienda, pero no serán considerados propietarios legales.
Asimismo, para los morosos, se plantean medidas para reestructurar sus deudas, tomando en cuenta la capacidad económica del deudor. Esto incluye el congelamiento de saldos, reducciones automáticas en las tasas de interés y descuentos en el saldo total adeudado, además de la conversión de créditos de veces salario mínimo a pesos con mensualidades y tasas fijas.
Las fases piloto de este plan se ejecutarán en estados con alta incidencia de viviendas abandonadas, como el Estado de México, Chihuahua y Baja California. El director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, fue quien presentó esta iniciativa.
Sin embargo, al día siguiente, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, matizó el anuncio, señalando que se respetará la propiedad privada de aquellos que puedan demostrar haber interpuesto una denuncia por despojo contra quienes ocupen su inmueble.
Frente a este contexto, surge una pregunta crítica: ¿es correcto legalizar lo ilegal? La respuesta, según algunos analistas, sugiere que no lo es. Legalizar lo ilegal puede generar un incentivo negativo, llevando a quienes necesitan vivienda a optar por ocupar propiedades ajenas en lugar de seguir un proceso adecuado para adquirir un hogar. Esto también podría fomentar una cultura del “no pago”, premiando a quienes abandonan sus compromisos financieros.
Existen quienes defenderán las medidas del Infonavit, argumentando que representan una solución pragmática a la crisis habitacional en México, donde se reportan 6.1 millones de casas vacías y un alto porcentaje de la población carece de vivienda adecuada. Puede que algunos digan que estas acciones podrían contribuir a la estabilidad social y a la creación de patrimonio para personas vulnerables.
No obstante, el Plan de Infonavit podría interpretarse como una forma de premiar la ilegalidad, socavando el cumplimiento de la ley y la propiedad privada. Esta situación tiene el potencial de enviar un mensaje contradictorio sobre la fortaleza del Estado de Derecho en el país, lo que podría ocasionar un precedente preocupante en la manera en que se manejan los derechos de propiedad.
A la espera de la implementación de este plan, es importante observar cómo afectará a los recursos de Infonavit, que, en definitiva, pertenecen tanto a los trabajadores como a los empleadores.
Por último, cabe destacar que México se encuentra en una etapa crítica en términos de inversión, según la International Chamber of Commerce México. Actualmente, hay múltiples casos activos de arbitrajes internacionales que afectan diversos sectores, lo que agrega un nivel de complejidad al panorama financiero y jurídico del país.
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