En su primer año de gobierno, Claudia Sheinbaum ha trazado un camino de continuidad política y económica, mientras que ha implementado cambios significativos en salud y seguridad pública. La pobreza ha mostrado una leve disminución gracias a aumentos salariales y transferencias, sin embargo, esta mejora es poco sostenible a largo plazo, obstaculizada por el deterioro en salud y educación que se ha arrastrado desde administraciones anteriores. Esto afecta la capacidad de las personas para integrarse exitosamente al mercado laboral.
En el ámbito político, se ha mantenido una agenda de concentración de poder y erosión institucional, herencia de su antecesor. Ejemplos de ello son la reforma judicial que compromete la independencia del poder y la eliminación de organismos autónomos, resultando en un debilitamiento del Estado de Derecho y en la falta de contrapesos, circunstancias que impactan negativamente la inversión y el crecimiento económico del país.
Económicamente, la continuación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se enfrenta a constantes inquietudes por amenazas arancelarias del gobierno estadounidense. Estas tensiones, junto con la inminente renegociación del tratado, han generado incertidumbre que podría afectar los niveles de inversión y crecimiento. La actual administración ha debido adoptar un enfoque más punitivo contra el crimen, dado que en años anteriores se había optado por una postura más permisiva.
Otro desafío crucial se plantea en el sector energético, donde el apoyo incondicional a la empresa estatal PEMEX se señala como un factor limitante para las finanzas públicas y el crecimiento económico. Con una deuda que asciende a 99 mil millones de dólares, además de 23 mil millones con proveedores, su producción de petróleo ha caído a 1.6 millones de barriles diarios, y sin la entrada de inversión, la tendencia negativa parece continuar. Según datos, de 2019 a 2024, se inyectaron 60 mil millones de dólares a la empresa, pero esta inversión carece de un enfoque en reformas que potencien su productividad.
En el ámbito de la salud, la administración de Sheinbaum busca recuperar el acceso a servicios sanitarios mediante programas como IMSS Bienestar y Salud Casa por Casa, un acceso que sufrió un notable retroceso durante la administración de López Obrador. Según el INEGI, la proporción de la población sin acceso a la salud se disparó del 16% al 39% entre 2018 y 2024. Sin mejoras en el sector salud, las reducciones en pobreza no se sostendrán en el tiempo.
En cuanto a la educación, se han hecho esfuerzos por ampliar el acceso, con la creación de nuevas universidades. Sin embargo, el desmantelamiento de exámenes de selección como el COMIPEMS y la falta de evaluación en políticas educativas pueden comprometer la calidad de la formación y la capacidad de los egresados para encontrar empleo.
El mercado laboral ha experimentado un crecimiento notable en 2025, con la creación de más de 1.35 millones de puestos de trabajo en tan solo siete meses, alcanzando un récord histórico de 23.59 millones de inscritos en el IMSS. Sin embargo, la informalidad laboral sigue alta, alcanzando un 54.8%. A su vez, el persistente deterioro en el acceso a salud y educación de calidad limita las capacidades de las personas para acceder a mejores oportunidades laborales.
Al revisar la situación de la pobreza, los datos de INEGI indican que en 2024, el 29.6% de la población vivía en condiciones de pobreza, una disminución del 6.7% desde 2022. Sin embargo, existen 44.5 millones de personas que carecen de acceso a servicios de salud, lo que sugiere que la reducción de la pobreza se basa en mejoras de ingresos, no en derechos que faciliten mejores empleos.
El inicio del sexenio parece, por tanto, continuar con fórmulas de concentración de poder y un modelo económico restringido por un T-MEC limitado. La situación del Estado de Derecho, junto con un PEMEX debilitado y la falta de capacidades en educación y salud, son factores que podrían entorpecer el crecimiento inclusivo y la movilidad social en el país.
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