En medio de la vorágine informativa que rodea a México, pocas veces se presta la atención necesaria a temas cruciales, como el estado de las finanzas públicas. Recientemente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó su informe al Congreso, donde se desglosaron los resultados fiscales del primer año del gobierno de Claudia Sheinbaum. En este análisis, se revelan tanto logros como aspectos preocupantes para todos los mexicanos.
Los Requerimientos Fiscales del Sector Público (RFSP), el indicador más amplio del déficit fiscal, se situaron en 4.8% del PIB, una mejora respecto al 5.7% registrado en 2024. Sin embargo, si se excluyen los pagos extraordinarios a proveedores de Pemex, que representaron más de 0.4% del PIB —equivalente a 193,000 millones de pesos—, los RFSP habrían alcanzado el 4.3%, un dato que resalta el impacto de estas medidas excepcionales.
Mientras que el gobierno logró avance en su consolidación fiscal, se notó una considerable recesión en ciertas áreas. Durante 2025, el gasto total se redujo en 1.8% en términos reales, mientras que la inversión física se desplomó un 25.7%. Las áreas de ciencia y tecnología fueron severamente golpeadas, con una reducción del 73.9%, seguida por protecciones ambientales (-62.9%), transporte (-44.6%) y energía (-32.2%). A pesar de estas contracciones, el gasto en pensiones se incrementó en 6.8% real, lo que sugiere una estrategia de ajuste que priorizó gastos obligatorios en detrimento de inversiones productivas. Este enfoque podría limitar las capacidades de crecimiento futuro del país.
En cuanto a los ingresos, la recaudación tributaria alcanzó un récord histórico de 15.1% del PIB. El Impuesto sobre la Renta (ISR) destacó, con un crecimiento real del 3.7%, impulsado principalmente por las empresas, aunque con cuestionamientos sobre las estrategias del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en su relación con los grandes contribuyentes. El IVA registró un avance moderado del 2.6% real, reflejo de un consumo interno resistido pero moderado. Los impuestos al comercio exterior, por su parte, aumentaron un notable 38.4% real, gracias a una mayor vigilancia aduanera y un incremento en las importaciones. Todo esto permitió que los ingresos presupuestarios crecieran un 2.5% real, compensando en parte la caída de los ingresos petroleros.
A pesar de estos avances, la meta de 3.9% de RFSP no se cumplió, y el 4.3-4.8% sigue siendo preocupante, incrementando la deuda que alcanzó un récord de 52.6% del PIB. Este ajuste fiscal se logró sacrificando inversión en infraestructura y capacidades productivas, lo que se traduce en un crecimiento económico de apenas 0.7%, reflejo directo del ajuste necesario ante el elevado gasto de 2024.
En este panorama, el anuncio de un ambicioso programa de infraestructura de 5.6 billones de pesos durante el sexenio podría ser motivo de optimismo. Sin embargo, es esencial analizar las condiciones reales que se requieren para implementar un plan de esta envergadura. Se debe indagar si los proyectos propuestos, más allá de los energéticos, son viables y si el sector privado muestra el interés necesario para su realización. La incertidumbre generada por reformas judiciales pasadas también plantea un desafío significativo.
Por tanto, mientras se vislumbra un camino para la inversión y el crecimiento, es imperativo que exista un enfoque claro y sostenible en la gestión fiscal. Cada decisión debe velar por el bienestar futuro de la nación, con un equilibrio entre la consolidación fiscal y la inversión en áreas críticas para el desarrollo de México.
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