En las últimas semanas, la seguridad de los usuarios del Metro de la Ciudad de México se ha visto comprometida debido a un preocupante incremento en las denuncias de “pinchazos”. Hasta ahora, ha habido un total de 68 denuncias, con 50 de ellas ocurriendo en el interior del sistema de transporte. Este fenómeno ha alertado a las autoridades, quienes están tomando medidas concretas ante la creciente preocupación ciudadana.
Ante esta alarma, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, ha propuesto una reforma que busca tipificar la administración de sustancias sin el consentimiento de la víctima como un delito en el Código Penal local. La iniciativa contempla penas que oscilan entre 2 y 5 años de prisión, además de multas económicas. Este cuerpo legislativo, desarrollado en colaboración con la Fiscalía General de Justicia, propone incluir un capítulo en el artículo 141 quáter del Código Penal para sancionar la administración subrepticia de sustancias que alteren el estado de conciencia de las personas.
El enfoque de la propuesta no solo contempla el ámbito de las sustancias psicoactivas y peligrosas, sino que también introduce agravantes en casos donde la víctima sea un menor de edad, una persona con discapacidad o un adulto mayor. Se buscará penalizar con mayor severidad aquellos incidentes que ocurran en espacios públicos o que impliquen a varias personas, así como cuando se utilicen estos actos como medios para facilitar otros delitos graves, como el robo o la trata.
Paralelamente, diputadas del PAN, Frida Guillén y Olivia Garza, han presentado una propuesta alternativa que también castiga a quienes dopen a otros sin consentimiento, con penas que llegarían hasta los 7 años de cárcel. Ambas iniciativas, aunque coinciden en la gravedad del delito, difieren en su enfoque y el rigor de las sanciones.
Desde principios de mayo, la Fiscalía capitalina ha empezado a implementar un protocolo de respuesta ante estas agresiones, destacando la atención médica inmediata como un componente esencial, así como el análisis toxicológico y el acompañamiento legal correspondiente. Hasta el momento, se ha registrado al menos una persona procesada y en prisión preventiva por un caso de pinchazo confirmado.
Además, el Gobierno ha reforzado la seguridad en el sistema de transporte público al desplegar más de 5,800 elementos policiales en diversas estaciones del Metro y otros medios de transporte. Aunque se han reportado casos de robos vinculados a estos pinchazos, las autoridades han reiterado que no existe evidencia de una red organizada detrás de estos actos, y hacen un llamado a la ciudadanía para que mantenga la calma y denuncie cualquier incidente.
La atención a estos casos es crucial para restaurar la confianza y seguridad de los usuarios del transporte público, en un contexto donde la movilización de miles de personas diariamente es parte esencial de la vida urbana en la capital. Las proposiciones legislativas y el reforzamiento de la seguridad reflejan una respuesta conjunta ante la preocupación creciente sobre la seguridad en el transporte público en la Ciudad de México.
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