Inmunidad en México llega al 89% de actos delictivos

La impunidad en México sigue en una alarmante escalada, alcanzando niveles críticos en 2024, con un promedio del 89.42%. Esto significa que solo uno de cada diez casos que llegan al sistema de justicia penal recibe una respuesta eficaz. Este sombrío panorama fue revelado en el reciente informe elaborado por México Evalúa, “Radiografía de la Impunidad en México 2024”, que se basa en datos del Inegi provenientes de censos nacionales sobre procuración e impartición de justicia.

El estudio pone de manifiesto una disfunción estructural en el sistema penal acusatorio, que se evidencia desde el primer paso, la denuncia, hasta la resolución final de los casos. A nivel estatal, las cifras revelan un profundo abismo en los niveles de impunidad. Por ejemplo, estados como Michoacán (67.68%), Nayarit (73.07%) y Yucatán (74.23%) muestran los niveles más bajos. En contraste, entidades como el Estado de México (96.03%), Guerrero (96.19%), Morelos (97.61%) y Jalisco (97.81%) encabezan las estadísticas de impunidad más preocupantes.

Un factor importante en esta crisis es la denominada “cifra oculta”, que se ha mantenido entre 91% y 94% durante más de una década. Esto señala que menos de uno de cada diez delitos es denunciado, excluyendo la mayoría de los hechos delictivos del sistema judicial. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) señala que el 63% de quienes no denuncian lo hacen debido a fallos en el desempeño institucional, subrayando la naturaleza estructural del problema.

Asimismo, el fenómeno del “archivo temporal”, que en 2024 representó el 14.63% de las determinaciones de las fiscalías, se ha convertido en una medida que, en la práctica, perpetúa la falta de resolución de casos. La carga en las fiscalías ha aumentado dramáticamente, con un rezago que se ha duplicado entre 2019 y 2024, aumentando de 1.3 millones a 2.6 millones de expedientes pendientes.

El informe también destaca la ineficacia del sistema para traducir las denuncias en acciones penales. En 2024, se realizaron más de 8.8 millones de llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de seguridad, de las cuales solo algo más de 2 millones resultaron en denuncias formales. De estas, un asombroso 93.8% dio lugar a la apertura de carpetas de investigación, pero apenas el 6% de los casos avanzó hacia la acción penal, lo que indica una falta de capacidad investigativa por parte de las fiscalías.

Mariana Campos, directora de México Evalúa, subrayó que las reformas al sistema de justicia en años recientes han impuesto presiones operativas en los tribunales, sin un acompañamiento presupuestal adecuado. Lo anterior afecta drásticamente el funcionamiento de estas instituciones, enfatizando la necesidad de evaluar el impacto de las reformas en términos de capacidades institucionales.

Por otra parte, fiscales de diversas entidades del país coinciden en que el uso sistemático de datos es esencial para mejorar la procuración de justicia y reducir la impunidad. La fiscal de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, indicó que su institución abre aproximadamente 600 investigaciones al día, por lo que un análisis detallado de información es crucial para el diseño de políticas efectivas.

Este panorama es un llamado urgente a la acción. La incapacidad del sistema de justicia para abordar de manera efectiva los delitos y la crisis de impunidad son cuestiones que requieren atención inmediata. En un país donde el sistema está claramente fallando, es imperativo que se implementen soluciones estructurales que restauren la confianza en la justicia y garanticen que los derechos de los ciudadanos sean protegidos.

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