El Instituto Nacional Electoral (INE) atraviesa un período de tensiones y críticas, especialmente por la reciente salida de personal capacitado en un momento crucial para el país. La llegada de Roberto Carlos Félix López como nuevo Secretario Ejecutivo ha desencadenado la solicitud de renuncias de trabajadores adscritos a su entidad, lo que ha generado alarma en el contexto de un proceso electoral en curso.
En días recientes, se ha hecho pública la denuncia de una excolaboradora del INE por acoso laboral y despido injustificado. La situación se complica aún más con la intervención de la abogada Mónica Calles Miramontes, representante legal de la denunciante, quien ha sido objeto de una solicitud ante la Fiscalía General de la República (FGR) para suspender temporalmente sus cuentas en redes sociales mientras se realiza una investigación.
Recientemente, el INE reconoció una reducción de 836 trabajadores en sus oficinas centrales durante el primer semestre de 2026. La institución defendió que no todos los despidos fueron injustificados, argumentando que se trató de movimientos de personal diversos, sin diferenciar entre contratos temporales y estructurales.
Marco Antonio Baños, representante del partido Somos y exconsejero electoral, alertó sobre el uso de denuncias y procedimientos de remoción como posibles herramientas de presión política. Insistió en que la estabilidad laboral es esencial para el Servicio Profesional Electoral, sobre todo ante el inicio de procesos electorales locales.
La consejera Carla Humphrey advirtió que la institución está perdiendo la experiencia acumulada debido a estas salidas. “Estamos perdiendo el conocimiento de aquellos que llevan tiempo en el INE, lo cual es crítico justo ahora que precisamos confianza en personal capacitado para organizar el proceso electoral”, indicó. Humphrey criticó la concentración de poder en la presidenta del INE para nombrar y remover personal de la alta dirección, sugiriendo que muchas renuncias alegadas como voluntarias podrían no ser claras al respecto.
Durante la última sesión del Consejo General del INE, el partido Somos solicitó informes sobre los procedimientos utilizados para las remociones de consejeros y resaltó la necesidad de garantizar la independencia de los organismos electorales estatales. Emilio Álvarez Icaza planteó la gravedad de la denuncia contra Calles Miramontes, subrayando que afecta la libertad de expresión y la defensa de los derechos laborales.
Daniela Arias, coordinadora de Laboratorio Electoral, señaló que es habitual hacer cambios en el personal de confianza, pero enfatizó que el problema radica en realizarlo justo al inicio de un proceso electoral. La falta de experiencia, a su juicio, representa un riesgo significativo para la capacidad operativa del INE.
Con estos retos, el INE se enfrenta a un contexto electoral inquietante, con un Consejo General dividido y una presión creciente por asegurar la transparencia y eficiencia necesarias para mantener la confianza pública en los resultados. A medida que se desarrollan los acontecimientos, la capacidad del INE para navegar por estas turbulentas aguas electorales se convierte en una cuestión central para el futuro político del país.
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