La situación forense en México presenta un panorama preocupante, según la Secretaría de Gobernación (Segob), ya que se ha reconocido un significativo rezago en la implementación del Banco Nacional de Datos Forenses. Hasta la fecha, solo cuatro estados han entregado información completa que permita fortalecer los procesos de identificación de personas desaparecidas y cuerpos sin identificar. Esta deficiencia se destacó durante una reciente conferencia de prensa, en la que la titular de la Segob, Rosa Icela Rodríguez, subrayó que, aunque se están realizando esfuerzos a nivel estatal, el sistema nacional de información forense aún no está completo.
Rodríguez no se apresuró a minimizar la gravedad de la situación, enfatizando que “hay mucho trabajo por hacer” y que el ámbito forense enfrenta los mayores retos en el contexto de la crisis por desapariciones en el país. Este diagnóstico, que todavía se está elaborando, podría finalizar antes de que termine 2026, según los funcionarios presentes. La falta de un diagnóstico integral sobre la magnitud del problema es un obstáculo adicional en la lucha por la justicia y la identificación de personas fallecidas.
La estrategia nacional para abordar esta crisis incluye la creación de un Banco Nacional de Datos Forenses, que integrará información crucial de diversas plataformas, incluyendo el Registro Forense Federal y el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas. Se espera que esta interconexión de datos entre la Fiscalía General de la República, fiscalías estatales y autoridades de seguridad agilice los procesos de identificación humana, un paso vital para restituir el derecho a la identidad de miles de familias afectadas.
Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, detalló que esta estrategia contempla cinco fases de trabajo: el análisis lofoscópico y de huellas dactilares, la revisión de cuerpos no identificados, análisis genéticos en osteotecas, estudios de ADN en fosas comunes e individuales, y análisis genéticos en fosas clandestinas. Estas medidas, aunque ambiciosas, son esenciales para atender la crisis forense que ha afectado drásticamente a la sociedad mexicana.
Un rayo de esperanza también se ha visto en la reciente implantación de la Alerta Nacional de Búsqueda y la Plataforma Única de Identidad, aunque estos avances son insuficientes sin un marco de información sólido y completo. La voluntad política y la colaboración entre las distintas entidades federativas son necesarias para transformar estos esfuerzos en resultados tangibles. La lucha por la identificación de desaparecidos y la resolución de casos sin esclarecer no solo es una cuestión de justicia, sino también de dignidad para las familias que buscan respuestas en medio del dolor.
La búsqueda de una solución integrada y efectiva a esta crisis no puede esperar más. Cada día que pasa sin un progreso claro es un día más para las familias en duelo que anhelan encontrar paz y respuestas. La sociedad mexicana, así como los organismos de derechos humanos, deberán estar atentos a estas iniciativas y exigir un compromiso real que permita avanzar hacia un futuro en el que la identificación de los desaparecidos ya no sea una esperanza lejana, sino una realidad a la que todos tengan derecho.
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