La lucha contra el narcotráfico no termina con la incautación de la droga y la detención de los delincuentes. La destrucción de las embarcaciones semirrígidas y neumáticas de alta velocidad, las conocidas como narcolanchas, que los traficantes utilizan para alijar los fardos en las costas españolas se ha convertido en un quebradero de cabeza para la justicia. Para deshacerse de ellas, el Ministerio del Interior ha licitado recientemente un concurso: busca empresas que se encarguen de hacerlo. La labor no es pequeña. Decenas de embarcaciones se acumulan en los depósitos policiales.
En octubre de 2018, el Gobierno aprobó un real decreto que declaraba ilegal la tenencia por parte de particulares de las también llamadas planeadoras o rhib (siglas de su denominación en inglés, rigid-hulled inflatable boat) y, por tanto, permitía su decomiso aunque no llevasen droga cuando son detectadas. Desde entonces, la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera han intervenido 1.048 de estas embarcaciones, que pueden alcanzar 60 nudos (110 kilómetros por hora) en condiciones de mar favorables. De ellas, 202 en los ocho primeros meses de este año, según la estadística oficial. Interior ha presupuestado ahora gastar cerca de 66.000 euros para proceder a la destrucción de las que siguen en el depósito.
Muchas cosas han cambiado en los cuatro años transcurridos desde la aprobación de la ley que ilegalizaba las narcolanchas. Antes de su entrada en vigor, estas embarcaciones acababan subastadas “y en más de una ocasión las volvían a adquirir las mismas organizaciones [de tráfico de estupefacientes]”, explica la fiscal antidroga de Andalucía, Ana Villagómez. Con el cambio legislativo, su destino más probable es ahora la destrucción. Eso hace que los narcos se lo piensen mucho más a la hora de trasladar por tierra y botar al mar unas lanchas que pueden costarles entre 150.000 y 300.000 euros.
El valor varía en función del número de motores fueraborda —pueden ser hasta tres, valorado cada uno entre 30.000 y 40.000 euros—, los dispositivos GPS que usan para guiarse —entre 25.000 y 30.000 euros— y la propia goma, de calidad variable, según explica un investigador de la Guardia Civil acostumbrado a decomisarlas. Toda esta inversión se convierte en pérdidas para una mafia si, después de un operativo, su objeto más preciado para alijar acaba intervenido. Fue lo que le pasó al clan de Polo, una organización dedicada al narcotráfico asentado en La Línea de la Concepción (Cádiz) al que la Guardia Civil decomisó 22 de estas embarcaciones en marzo del año pasado.
Cuando el traficante es detenido y acaba ante un juez, la ilegalización de las narcolanchas también tiene consecuencias penales para él. Villagómez fue fiscal en el primer juicio en el que, tras el cambio normativo, los acusados se enfrentaron a una nueva pena por usar una planeadora —entre tres y cinco años de prisión— que se sumaba a las habituales por tráfico de drogas y organización criminal. Aunque en primera instancia la Audiencia Provincial de Cádiz absolvió a los narcos de ese nuevo delito, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía enmendó la plana al tribunal y aceptó el recurso de la Fiscalía para considerar este delito. El Tribunal Supremo ratificó esta última decisión. Con la jurisprudencia ya asentada, Villagómez cree que este incremento de las penas hace que “los pilotos [de las planeadoras] ahora se lo piensen más”.
Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
Pero el camino que sigue la narcolancha hasta su destrucción es lento. Y, con ello, el almacenaje y custodia de estas embarcaciones se ha convertido en un problema de grandes dimensiones. El puerto de Algeciras (Cádiz) y el depósito en Dos Hermanas (Sevilla) tienen buena parte de su superficie copada por planeadoras apiladas, con el riesgo por la acumulación de combustible o posibles robos. El consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, recordó el miércoles en el Parlamento de Andalucía que son los jueces los únicos competentes a la hora de decidir qué hacer con ellas una vez decomisadas. La clave está en que la mayoría de esas embarcaciones que se amontonan en los depósitos se ha intervenido en casos que aún están en instrucción o a la espera de juicio. “No hay unos trámites tasados y concretos sobre qué hacer”, se queja un agente de la Guardia Civil.
El contrato que ha sacado ahora a licitación el Ministerio de Interior pretende, precisamente, agilizar la destrucción. En el expediente del nuevo concurso, el ministerio también admite que estas embarcaciones suponen “un problema añadido a la labor policial” por la necesidad de almacenarlas y custodiarlas. “Actualmente, el depósito de las mencionadas embarcaciones intervenidas supone un grave problema de seguridad, por lo que es necesario recogerlas de las instalaciones o depósitos habilitados […] y, una vez obtenidas las autorizaciones judiciales o administrativas necesarias, llevarlas al punto de destrucción para proceder a su eliminación definitiva”, añade el documento.
Por ello, el ministerio aspira a que, una vez recibida la autorización judicial, la destrucción se efectúe en un plazo máximo de 15 días. Para lograrlo, el contrato, de un año de duración, se divide en dos lotes por áreas geográficas. Uno, el de mayor cuantía (49.500 euros), para deshacerse de las embarcaciones que se intervengan en Algeciras y la zona del campo de Gibraltar, donde se registra el mayor número de aprehensiones. El segundo, de 16.400 euros, para las que se intercepten en las costas de Almería, Granada, Murcia y la Comunidad Valenciana, lugares donde la entrada de droga se ha incrementado en los últimos tiempos.
El documento detalla que el importe final a pagar por cada narcolancha destruida se calculará en función del tamaño de esta. Así, Interior abonará a la empresa adjudicataria entre 250 y 400 euros, más IVA, por cada embarcación de seis metros de eslora, según los motores fueraborda que tenga. Por cada metro más, sumará 25 euros. Con estos importes, Interior espera destruir durante el año de duración del contrato entre 150 y 240 embarcaciones, cifras sensiblemente inferiores a las que se intervienen anualmente. Según las estadísticas oficiales, en 2019 fueron decomisadas 195 lanchas; en 2020, en plena pandemia, 279; y un año más tarde, 357, cifra récord hasta ahora. Este año se superarán ampliamente las 200.
El contrato exige a la empresa adjudicataria que separe los diferentes materiales que componen estas embarcaciones y los recicle cuando sea posible. Los motores fuerabordas serán achatarrados. La mercantil también deberá respetar una cláusula por la cual sus trabajadores aceptan guardar “adecuada reserva y confidencialidad” sobre los lugares de depósito de las embarcaciones y las fechas y horas de su destrucción. No es la primera vez que Interior licita contratos para destruir narcolanchas. En noviembre de 2019, meses después de aprobarse la ley que prohibía las planeadoras, ofertó un contrato de 91.300 euros dividido en dos lotes. Solo pudo adjudicar uno por falta de ofertas válidas para el segundo.
El dinero para hacer frente a este gasto procede del Fondo de Bienes Decomisados, que se nutre con el dinero obtenido de la subasta de las propiedades intervenidas a delincuentes. No obstante, la fiscal Villagómez asegura que existen mecanismos para que el coste de esta destrucción sea pagado por los narcos responsables del alijo intervenido en la narcolancha. “El problema es que la mayoría [de los condenados] se declara insolvente”, reconoce resignada.
Suscríbete para seguir leyendo
Lee sin límites
La nota precedente contiene información del siguiente origen y de nuestra área de redacción.
