La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha iniciado este jueves el trámite para adjudicar de urgencia un nuevo contrato de suministro de gas natural a su 66 centros penitenciarios, dos hospitales psiquiátricos y 13 Centros de Inserción Social (CIS, donde cumplen condena los presos en semilibertad), clave para el funcionamiento de las cocinas, calefacción y agua caliente sanitaria que usan sus 47.000 reclusos. El motivo, recogido en el expediente, es el “previsible agotamiento del saldo” del anterior contrato por culpa del alza de precios de este combustible en los últimos meses.
“Es preciso acelerar [la contratación] por razones de interés público y con el fin de garantizar el suministro de gas natural”, detalla el documento, que culpa de la situación al “conflicto Rusia-Ucrania” y al “incremento del precio del gas natural a nivel mundial. Existe una gran inestabilidad y volatilidad en los mercados con continuos repuntes”, añade. La previsión de Interior para este contrato es pagar 23,7 millones de euros, IVA incluido, en seis meses, una cifra muy superior a la que abonó en el último adjudicado antes de del inicio de la guerra, que fueron 16,2 millones por un año completo.
Antes de la guerra, Instituciones Penitenciarias adquiría el suministro de gas natural canalizado y gas natural licuado para sus centros penitenciarios a través de acuerdos marcos, un mecanismo que le permitía preestablecer una serie de condiciones a todos los contratos que se adjudicaban durante la vigencia del mismo. Sin embargo, eso cambió el pasado mayo, tras la invasión de Ucrania, cuando el acuerdo de estas características que licitó quedó desierto porque ninguna empresa energética presentó ofertas. Entonces el precio de este combustible se había disparado y en julio rozaba los 148 euros por megavatio-hora (MWh) en el mercado hispano-portugués Mibgas. En el mismo mes de 2019, último año antes de la pandemia, el precio era inferior a los 14 euros.
Los precios del verano obligaron entonces a Interior a tramitar por el procedimiento de urgencia un primer contrato para proveer de gas a las cárceles para cubrir el periodo entre el 4 de agosto y el 3 de enero de 2023, cinco meses sin posibilidad de prórroga. El mismo fue adjudicado en julio, por 8,1 millones, a la empresa Endesa Energía. En la memoria justificativa de aquel concurso, Instituciones Penitenciarias ya citaba expresamente al conflicto bélico como el causante del incremento del precio del gas y de la “gran inestabilidad” de los mercados que habían acarreado que el acuerdo marco licitado en mayo hubiera quedado desierto.
“Ante la volatilidad de los mercados, no se estén ofertando a suministros de gas natural”, señalaba Prisiones en el documento, que ya entonces planteaba la necesidad de acelerar los trámites de adjudicación para que el gas siguiera llegando a las cárceles y señalaba que el precio fijado como máximo se había adaptado “a las circunstancias actuales en la medida de lo posible, mediante la introducción en los pliegos de una nueva fórmula del cálculo del mismo”. A este concurso finalmente solo se presentaron dos ofertas y una de ellas fue descartada por no cumplir todos los requisitos.
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Aunque la previsión es que con este contrato se llegase hasta comienzo de enero, finalmente no será así, y está previsto que se agote el suministro contratado el próximo 25 de diciembre, nueve días antes. Por ello, el nuevo contrato fija como fecha de inicio el día siguiente al de Navidad y como final, el 30 de junio. En total, algo más de seis meses. En ese periodo, que incluye los meses más fríos del año, la estimación de Interior es que en los centros penitenciarios se consumirán más de 55 millones de megavatios-hora, seis millones más que la previsión que hizo para el contrato adjudicado en julio que ahora vence.
Por centros, el consumo es dispar en función del tamaño del mismo y el número de reclusos. En uno de los documentos del expediente se señala, por ejemplo, que la prisión de Zaragoza puede consumir en los seis meses del nuevo contrato 7,3 millones de megavatios hora, mientras que el Centro de Inserción Social de Córdoba no llegará a los 50.000.
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