El ministerio del Interior ha acordado con Marruecos el refuerzo de las patrullas marítimas conjuntas para frenar la llegada de pateras a costas españolas. El acuerdo se alcanzó este viernes en Rabat en la visita que representantes de Interior, Migraciones y Exteriores realizaron a las autoridades marroquíes en un encuentro destinado a tratar los flujos migraciones, según fuentes de la delegación. El acuerdo, en primer lugar, supone recuperar estas patrullas que estaban suspendidas desde el comienzo de la pandemia. Según las mismas fuentes, los nuevos términos de la cooperación, que aún deben concretarse, aumentarán el tiempo que las patrullas pasan en el mar y reforzarán el número de agentes implicados. Los dos países han acordado también una revisión de las zonas en las que trabajan para adecuarlas o ampliarlas a las regiones con mayor presión migratoria. Hasta julio, cuando se pretende retomar la actividad, hay previstas una reunión bilateral para definir el nuevo plan operativo.
Las patrullas conjuntas, formadas por agentes de la Guardia Civil y la Gendarmería Real, se acordaron en 2003 durante el Gobierno de José María Aznar y, según Interior, desde que comenzaron en 2004, “han demostrado su eficacia en el control de los flujos migratorios”. Su actividad, en cualquier caso, era escasa y apenas se desplegaban una vez al mes: dos guardias civiles acompañaban a los oficiales marroquíes en Marruecos y dos agentes marroquíes actuaban en España. Los agentes trabajaban cinco días (tres de acción efectiva sobre el terreno) y alternaban la vigilancia terrestre, aérea y marítima para frenar la salida de pateras o interceptarlas en su camino a costas españolas. El objetivo ahora es que esas guardias se amplíen hasta a 10 días.
Las zonas de actuación también interesan a España que se plantea modificarlas y ampliarlas, una vez que las rutas migratorias han ido variando a lo largo de los años y la mayor presión se sitúa ahora sobre el archipiélago canario. Hasta ahora, los marroquíes han patrullado en las costas de El Aaiún, la capital del Sáhara Occidental, y los españoles, en Canarias. También en Tánger y Algeciras, y en Nador y Almería. “El objetivo es redimensionar su estructura, reforzar su composición y variar las zonas de despliegue para adaptarse a los cambios que se han producido en los puntos de partida de la inmigración irregular y en las rutas hacia España”, resumen fuentes de la delegación española.
En la reunión en Rabat de este viernes, la delegación española también ha insistido en “continuar mejorando” los operativos contra las redes de inmigración irregular. La última semana de mayo está prevista una reunión entre miembros de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y agentes de inmigración y fronteras marroquíes para avanzar en esta cooperación, que no siempre ha fluido como le gustaría a las autoridades españolas. La cooperación policial con Marruecos cuenta con una partida presupuestaria de 30 millones de euros con la que se financia material, vehículos y dietas de los agentes marroquíes destinados al control de la inmigración irregular.
La visita de la delegación española a Rabat, en el marco del Grupo Permanente Hispano-marroquí sobre Migraciones, se ha producido tras la renovación de las relaciones entre los dos países gracias al respaldo español al de autonomía del Sáhara Occidental bajo soberanía marroquí. Pero también tras conocerse que el móvil del presidente Pedro Sánchez y el de la ministra Defensa, Margarita Robles, fueron intervenidos por el software Pegasus, un programa que en teoría solo pueden adquirir gobiernos y que permite activar las cámaras y micrófonos de los teléfonos, descargar datos e intervenir las comunicaciones. El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) también ha hallado rastros del programa espía Pegasus en el móvil del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Las intrusiones se produjeron en mayo y junio de 2021. En esos meses el Gobierno se enfrentaba a dos momentos críticos: la concesión del indulto a presos del procés y el agravamiento de la crisis con Marruecos por la entrada masiva de 10.000 personas en Ceuta. Este último episodio, sumado a la revelación periodística en julio del año pasado que apuntaba a Rabat como presunto autor de miles de intervenciones en teléfonos argelinos y franceses, incluido el del presidente Emmanuel Macron, han multiplicado las especulaciones acerca de la posible participación de Rabat en el caso español.
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