Con un crecimiento económico moderado previsto para el año 2026, los intermediarios financieros no bancarios observan una oportunidad significativa de expansión en el segmento de las pequeñas y medianas empresas (pymes). La Asociación Mexicana de Sociedades Financieras de Arrendamiento, Crédito y Factoraje (Amsofac) estima que sus afiliados lograrán colocar hasta 105,000 millones de pesos en financiamiento durante este período.
El presidente de Amsofac, Alberto Martínez Rubio, destaca que esta inversión se traducirá en la compra de maquinaria, automóviles, equipos de transporte y en la modernización tecnológica, todo ello con el objetivo de fortalecer las cadenas de suministro en el país. A pesar de un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) que no ha sido elevado, y que no se prevé que aumente en el corto plazo, Martínez afirma que este fenómeno refleja confianza en el sector mexicano.
Martínez enfatiza que el comportamiento de los intermediarios financieros no bancarios no necesariamente sigue el ritmo de la economía nacional, lo cual permite mantener expectativas optimistas. “No necesariamente nos movemos al ritmo del PIB. Tenemos un nicho que no se comporta en paralelo a la economía nacional”, aclara. Mientras que la banca comercial suele enfocarse en grandes empresas, muchas de las cuales sí dependen de las fluctuaciones económicas, las pymes, que a menudo carecen de acceso a financiamientos bancarios tradicionales, operan bajo dinámicas particulares y demandan soluciones distintas.
A pesar de que datos del Banco de México revelan que al cierre del 2025, un 15.3% de las empresas había utilizado nuevos créditos bancarios (un aumento respecto al 11.5% del trimestre anterior), el 84.7% de las empresas aún no había tomado financiamiento bancario en el último trimestre del año. Esto sugiere que existe un amplio margen de crecimiento para todos los actores financieros, aunque se identifica como un desafío la constante necesidad de fondeo y la cuidadosa medición del riesgo, dado que las pymes mexicanas a menudo no están institucionalizadas y presentan niveles de riesgo distintos en comparación con las grandes empresas.
En cuanto al entorno regulatorio, Martínez advierte que el sector debe actuar con cautela frente a decisiones de inversión, ajustes fiscales y a una supervisión cada vez más estricta sobre los intermediarios financieros no bancarios. La necesidad de institucionalización ha pasado de ser un discurso aspiracional a convertirse en una estrategia clave para la asociación. “Queremos que cada entidad pueda demostrar, con hechos, documentación y certificaciones, que cumple plenamente en materia normativa, de compliance y fiscal”, subraya.
La disposición para obtener financiamiento de la banca de desarrollo, de la banca privada, de inversionistas extranjeros y del mercado bursátil existe, pero se encuentra condicionada a estándares elevados de transparencia, gobierno corporativo y cumplimiento normativo. La confianza y el flujo de recursos hacia los intermediarios no bancarios aumentarán a medida que el sector se institucionalice.
“Estamos preparando a los asociados para fortalecer sus procesos de gestión de riesgos, digitalización y cumplimiento normativo. Eso es crucial para transmitir formalidad y confianza a los fondeadores”, concluye Martínez. Así, el apetito por financiamiento en el sector continúa presente, siempre que se operen bajo prácticas sólidas y verificables.
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