Intel ha sellado un acuerdo formal con la administración del presidente Donald Trump, que anunció que el gobierno adquirirá una participación del 10% en la empresa chipera, que enfrenta dificultades financieras. Este movimiento, que representa una inversión de $8.9 mil millones en acciones comunes de Intel, no implica la inyección de nuevos fondos gubernamentales. En realidad, el financiamiento corresponde a subsidios previamente otorgados y que, hasta el momento, no habían sido desembolsados.
Desglosando la inversión, se menciona que $5.7 mil millones provienen de asignaciones bajo el CHIPS Act de la administración de Biden, mientras que $3.2 mil millones adicionales están vinculados al programa Secure Enclave, también creado bajo la misma administración. En redes sociales, Trump subrayó que “los Estados Unidos no pagaron nada por estas acciones”, pero calificó el acuerdo como “un gran trato para América y un gran trato para Intel”.
A pesar de este apoyo, Trump ha criticado el CHIPS Act, describiéndolo como “horrible” y ha instado a que se elimine. En una presentación regulatoria, Intel reveló que ya había recibido $2.2 mil millones del Acta, además de haber solicitado un reembolso adicional de $850 millones que no ha sido procesado por el gobierno. Algunos expertos del ámbito financiero y legal sugieren que la conversión de subvenciones en acciones podría ser cuestionada, lo que podría generar desafíos legales al acuerdo.
Por otro lado, Trump también había manifestado preocupaciones sobre el CEO de Intel, Lip-Bu Tan, llamando a su renuncia anteriormente. Sin embargo, en su último mensaje, lo elogió por haber negociado este acuerdo y lo catalogó como un “respetado CEO”.
Tan, por su parte, ha expresado su agradecimiento a la administración y ha manifestado su compromiso con el avance de la tecnología y la liderazgo en fabricación en los Estados Unidos. Intel también ha asegurado que esta inversión será “pasiva”, lo que significa que no habrá asientos en la junta o derechos de gobernanza asociados.
Este acuerdo marca un momento significativo en la relación entre el gobierno y el sector tecnológico, alejándose del discurso polémico del pasado y apuntando a una colaboración que busca revitalizar una industria clave para el futuro económico del país.
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