México enfrenta un desafío significativo en el financiamiento de su sistema de salud. Actualmente, apenas se destina un 2.6% del Producto Interno Bruto (PIB) a este sector, una cifra que se sitúa muy por debajo del mínimo recomendado del 6% por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y por debajo de los promedios observados en países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
A pesar del esfuerzo de aumentar el gasto en salud durante la pandemia de Covid-19, la realidad es que los recursos destinados a este rubro todavía no cubren las necesidades básicas de la población. En el año 2022, el gasto en salud se situó en 2.7% del PIB, y, aunque se esperaba un incremento del 4.7% para este año, se prevé que el porcentaje se mantenga en 2.6%.
El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria ha señalado que esta cifra refleja una brecha presupuestaria alarmante, que supera los tres puntos del PIB. Además, subraya que existen desigualdades notables en los recursos asignados a los ciudadanos según su condición laboral: aquellos con seguridad social, como los afiliados al IMSS o al ISSSTE, reciben 2.3 veces más recursos que quienes pertenecen al programa IMSS Bienestar, destinado a la población sin acceso a la seguridad social.
La dependencia de Hacienda ha admitido que el financiamiento para la salud sigue siendo un reto, aun cuando el objetivo es alcanzar un gasto equiparable al de países más desarrollados, garantizando así atención médica gratuita para todos los mexicanos. Entre enero y mayo de este año, se destinaron 385,545 millones de pesos a la salud, lo que equivale al 13.5% del total del gasto programable. Este monto representó un incremento del 20.9% en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Sin embargo, es crucial destacar que, aunque el gasto aprobado por el Congreso para 2025 es de 965,700 millones de pesos, un aumento del 5.9%, este crecimiento se diluye cuando se considera el tamaño de la economía y la prioridad que se le está otorgando dentro del gasto total del Gobierno. La organización México Evalúa ha expresado preocupación por la aparente pérdida de centralidad que la salud ha sufrido en la agenda pública.
En comparación con otros países de la región, el gasto en salud en México está rezagado. En la última década, muchas naciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) han incrementado su gasto con el fin de avanzar hacia la cobertura sanitaria universal. Esto contrasta con los índices en México, donde el gasto se ha mantenido estancado e incluso ha experimentado caídas tras la pandemia, de 1.2% del PIB en 2020 a 1.0% en 2023.
La pandemia ha servido como un recordatorio de la necesidad urgente de revisar periódicamente las asignaciones presupuestarias y de invertir en salud para garantizar que la población tenga acceso a sistemas de salud que ofrezcan tratamientos oportunos. Es imperativo asegurar que los servicios de atención médica sean de alta calidad y accesibles, sin comprometer la estabilidad económica de los ciudadanos.
Con una propuesta de gasto para el 2026 que sigue por debajo de las recomendaciones internacionales, el futuro de la salud pública en México sigue siendo incierto. La tarea de garantizar la salud de la población no solo depende de un mayor presupuesto, sino de una concertación efectiva entre las distintas instancias de gobierno y la sociedad.
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