El 30 de agosto de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado una iniciativa relevante que podría cambiar el panorama de la inversión extranjera en México. Esta propuesta tiene como objetivo reformar la Ley de Inversión Extranjera, centrándose en cómo el país evalúa inversiones que podrían representar riesgos para la seguridad nacional. En lugar de preguntarse solo cuánto capital ingresa, ahora se busca entender quién controla la infraestructura, los datos y las tecnologías que se desarrollan en el territorio mexicano.
Este cambio no ocurre en un vacío; está enmarcado en un contexto económico y geopolítico que evidencia la creciente influencia de naciones como China. Mientras que Estados Unidos ha sido tradicionalmente el mayor inversor extranjero en México, con un notable 48.2% de la inversión extranjera directa, la participación de China ha escalado de menos del 1% entre 2005 y 2009 a un 9% en 2023. Esto ha llevado a las autoridades a examinar más de cerca la propiedad y el control de ciertos activos estratégicos.
La legislación actual permite ya negar inversiones que impliquen riesgos para la seguridad nacional, y exige una evaluación favorable de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE) para participaciones extranjeras iguales o superiores al 49% en ciertas actividades. Sin embargo, la reforma busca abordar la falta de un procedimiento de revisión claro que ayude a identificar riesgos oportunamente en otros sectores sensibles.
Uno de los cambios más significativos en la nueva iniciativa es la reconfiguración de la CNIE. Actualmente, este organismo incluye a varias secretarías, pero la propuesta sugiere sumar a las secretarías de Defensa, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana. Además, se prevé que la Fiscalía General de la República y otros organismos participen, aunque sin voto. Esta integración busca garantizar que las perspectivas de defensa, inteligencia y seguridad tengan un lugar en el análisis de inversiones.
La revisión obligatoria de adquisiciones se activa si un inversionista extranjero intenta adquirir más del 49% del capital de una firma mexicana y si el valor de los activos excede un monto que determinaría la CNIE. Esta evaluación incluiría áreas como infraestructura estratégica y tecnologías críticas, apuntando a proteger sectores claves para la seguridad nacional.
Sin embargo, hay observaciones sobre la necesidad de ajustar este umbral del 49%, ya que una participación minoritaria podría proporcionar acceso a información sensible. Por lo tanto, algunos especialistas sugieren considerar porcentajes más bajos combinados con criterios monetarios a fin de mitigar riesgos de manera más eficaz.
Otro desafío radica en que una parte importante del alcance de la reforma se definirá después de su aprobación, lo que podría generar incertidumbre. La CNIE deberá establecer el valor de los activos y, aunque la iniciativa menciona principios de la OCDE como transparencia y rendición de cuentas, aún queda pendiente desarrollar estos conceptos en el articulado de forma concreta.
La propuesta también destaca la necesidad de aprovechar la información ya en poder del Estado para identificar y rastrear propietarios finales de sociedades. Una coordinación efectiva entre las distintas autoridades que participen facilitaría el análisis de riesgos sin duplicar esfuerzos en la solicitud de información a las empresas.
Es esencial que esta reforma se implemente con recursos adecuados, dado que la CNIE deberá asumir nuevas funciones de análisis y seguimiento. La propuesta actual estipula que los costos derivados serán cubiertos por el presupuesto aprobado para la Secretaría de Economía, lo que podría limitar su efectividad si no se manejan adecuadamente.
El tiempo de resolución plantea otro punto crítico. La iniciativa concede a la CNIE 60 días para deliberar sobre el asunto, aunque una propuesta en el Senado sugiere reducir este plazo a 45 días hábiles. Si se solicita información adicional, este período podría suspenderse, generando una potencial carga administrativa.
Las decisiones de la CNIE no solo incluirían la aprobación de adquisiciones, sino que también podrían establecer condiciones o incluso impedirlas por razones de seguridad nacional. Esto desencadena preocupaciones sobre la certeza jurídica y el clima de negocios en México, particularmente entre los grupos empresariales que temen que esta proposición afecte la inversión extranjera.
Con un sistema regulatorio y de evaluación que necesita ser afinado, la experiencia internacional puede ofrecer lecciones valiosas. Por ejemplo, en Estados Unidos, el Comité de Inversión Extranjera (CFIUS) combina autoridades económicas y de seguridad para examinar inversiones que impacten la seguridad nacional, funcionando bajo principios establecidos durante décadas. Mientras tanto, la Unión Europea opta por equilibrar las evaluaciones de seguridad y competencia económica en sus decisiones de inversión.
A medida que México avanza en esta iniciativa, es crucial fortalecer la capacidad del país para identificar y mitigar riesgos en inversiones extranjeras, mientras se asegura un marco jurídico claro que fomente la certeza y la competencia. Solo así, el país podrá atraer el capital necesario para su crecimiento sin comprometer su seguridad.
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