La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHM) realizó una investigación en torno a la agresión que sufrió el juez federal, Gabriel Domínguez Barrios, y su hijo de 17 años de edad en el municipio de Jiutepec, el pasado 3 de enero, en la que concluyó que autoridades de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) de la entidad pretendieron fabricar culpables para mostrar resultados rápidos.
A las 13:30 horas del lunes 3 de enero, el juez fue atacado a tiros mientras estaba en un establecimiento comercial en compañía de su hijo. Ambos recibieron varios disparos, pero llegaron con vida a un hospital cercano. El ataque recibió una enérgica condena de altos funcionarios federales como el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
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De acuerdo con el documento de la CDHM, tres horas después de la agresión, a las 16:24 horas, la Policía de Morelos detuvo a tres presuntos responsables identificados como Alfonso, Jonathan y Adán N, señalados de “asaltar y lesionar con arma de fuego a un hombre y a un menor de edad”. La detención se realizó tan sólo 29 minutos después de que Arturo Zaldívar exigiera a las autoridades una investigación “rápida, seria y profunda”, detención que según la CES se logró gracias a la ayuda del C5.
Sin embargo, casi dos horas después, “los detenidos aún no habían sido presentados ante el Ministerio Público”, según pudo constatar una visitadora de la propia CDHM. Fue hasta las 21:30 horas cuando se pudo certificar la puesta a disposición de los tres individuos, quienes durante ese periodo no fueron informados sobre los motivos de su detención, además fueron incomunicados y lesionados.
Diversas irregularidades rodean el caso
En entrevista, Israel Hernández, presidente de la CDHM, asegura que en el mejor de los casos estas irregularidades pueden alterar el debido proceso, pero “en el peor estas dilaciones en la puesta a disposición lo que generan son condiciones para que se sometan a las personas a actos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, que la mayoría de las veces tiene por objeto es obtener confesiones forzadas de delitos”.
Pese a que la CDHM pidió informes de los hechos a diversas autoridades para conocer la trayectoria de los imputados durante el tiempo que estuvieron incomunicados, no fue sino hasta el 7 de enero que la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que la puesta a disposición fue a las 18:30 horas, es decir, casi dos horas después de lo que había informado la CES.
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