El aval concedido por la Generalitat a los 34 excargos del Gobierno catalán encausados por el Tribunal de Cuentas amenaza con desplegar un nuevo frente judicial vinculado al procés. El primer paso lo ha dado este miércoles la Fiscalía. Que abrió diligencias de investigación para averiguar si ha habido delito en la concesión de un aval por parte del Instituto Catalán de Finanzas (ICF). Para que los afectados cubran los 5,4 millones de fianza que les ha impuesto el órgano fiscalizador del Estado.
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El fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, ha ordenado a la Fiscalía de Barcelona que “practique las actuaciones procedentes para el esclarecimiento de los hechos”. En un plazo máximo de seis meses, las diligencias pueden ser archivadas o bien transformarse en una denuncia o querella ante los juzgados. La investigación del ministerio público es fruto de una denuncia presentada por Carlos Carrizosa. De Ciudadanos, que denuncia que el aval —uno de los mecanismos previstos en el decreto aprobado por el Gobierno catalán para salir en auxilio de los encausados— es una “operación fraudulenta”.
Las diligencias se ciñen solamente a la junta de gobierno del ICF. El órgano que la semana pasada aprobó el mecanismo del aval en una votación muy dividida. Y solo dos días después de que tres de sus miembros independientes presentaran la dimisión. El partido naranja también había incluido en su denuncia a tres miembros del Govern: el presidente Pere Aragonès, el consejero de Economía Jaume Giró y la consejera de Presidencia Laura Vilagrà. La Fiscalía, sin embargo, ha ordenado que esa parte se archive. Porque ya existe un procedimiento en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) impulsado por Vox.
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El alto tribunal catalán ha aclarado, en un comunicado, que tiene sobre la mesa dos querellas contra miembros del Govern por el aval en el Tribunal de Cuentas. Ninguna de las dos ha sido aún admitida a trámite, lo que significa que ni siquiera en el plano formal se ha iniciado, por ahora, una investigación. Solo la de Vox ha sido registrada, paso previo para que se reparta al magistrado ponente y este recabe la opinión del fiscal antes de decidir sobre su admisión.
Tras conocer las diligencias abiertas por la Fiscalía, el consejero Giró ha insistido en que el aval del ICF “tiene una solidez jurídica total y absoluta”. “Respeto las decisiones de todo el mundo, incluso de aquellos partidos que quieren sacar rédito político del sufrimiento de las personas, ya estamos acostumbrados”, dijo en alusión a las denuncias de Ciudadanos y Vox. Giró lamentó lo que califica de un nuevo intento de “judicializar la política”, informa Camilo S. Baquero.
Para proteger a funcionarios y cargos públicos inmersos en procesos judiciales. Giró intentó que alguna entidad financiera española avalara las fianzas pero, al no lograrlo, tuvo que recurrir al aval directo del ICF.
La investigación de la Fiscalía y las querellas ante el TSJC. Se unen a las dudas que el aval ha suscitado en el Tribunal de Cuentas. El órgano fiscalizador duda de la legalidad de afianzar con dinero público. Las cantidades presuntamente malgastadas por ex altos cargos catalanes en la gestión de fondos públicos: 5,4 millones de euros en la promoción exterior del procés.
