En un giro inesperado en la política mexicana, el senador Enrique Inzunza Cázarez, representante de Sinaloa por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), ha solicitado una licencia para ausentarse de su cargo los días 28 y 29 de mayo de 2026. Esta decisión ha suscitado atención mediática debido a las acusaciones que enfrenta en Estados Unidos por supuestos lazos con el crimen organizado, junto a otros nueve funcionarios y exfuncionarios del gobierno sinaloense, incluyendo al gobernador con licencia temporal.
La aprobación de su licencia se realizó sin discusión en la Cámara Alta, con un voto a mano alzada que dejó a la oposición —compuesta por los partidos PAN, PRI y MC— en un silencio notable. Acompañado de otros tres senadores, dos del PVEM y uno del PRI, la solicitud fue respaldada por la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez, quien comunicó a la asamblea que la licencia se otorgaba solo por esos dos días, finalizando el 29 de mayo a las 15:00 horas.
Este pedido, de un carácter aparentemente inofensivo, se contextualiza en un escenario más amplio. Durante un periodo de sesiones extraordinarias convocado para discutir reformas constitucionales urgentes, el oficialismo buscaba asegurar una mayoría calificada de dos tercios entre los presentes. Las ausencias de Inzunza Cázarez y de otros senadores pevemistas fueron estratégicamente utilizadas para facilitar la aprobación de estas reformas.
A través de un mensaje en redes sociales, el senador sinaloense defendió su decisión, afirmando haber sido “cabal en el cumplimiento de mis deberes” y explicando que su suplente, arquitecto Omar Alejandro López Campos, tomaría su lugar en las sesiones. Esta declaración parece ser una respuesta a la intensa cobertura mediática sobre su situación, que ha sido alimentada por la inminente solicitud de extradición que el Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió contra él y otros, acusados de narcotráfico.
La última vez que se le vio en el Senado fue la mañana del 29 de abril, cuando pasó lista en una jornada que, días después, revelaría la gravedad de los cargos en su contra. El velo de misterio que rodea este episodio político no solo refleja el tumultuoso estado de la política en Sinaloa, sino que plantea interrogantes sobre la influencia del crimen organizado en las estructuras de poder.
A medida que esta situación se desenvuelve, la atención estará centrada no solo en el destino de Inzunza Cázarez, sino también en el impacto que sus acciones tendrán en el panorama legislativo y en la percepción pública del gobierno mexicano.
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