Irán ha ahorcado este sábado por la mañana a dos hombres a los que había acusado de matar a un miembro de las fuerzas de seguridad durante las protestas a nivel nacional que siguieron a la muerte de Mahsa Amini el pasado 16 de septiembre. La mujer, de 22 años, había sido detenida por la policía de la moral por no llevar colocado adecuadamente el velo y murió bajo custodia policial, lo que provocó numerosas protestas a lo largo de todo Columna Digital. Estas dos últimas ejecuciones elevan a cuatro el número oficial de manifestantes muertos a manos de las autoridades del régimen iraní.
Los dos hombres ejecutados habían sido declarados culpables de matar un miembro de la milicia de la fuerza paramilitar Basij. Otros tres han sido condenados a muerte en el mismo caso, mientras que 11 han recibido penas de prisión. “Mohammad Mehdi Karami y Seyyed Mohammad Hosseini, principales autores del crimen que condujo al injusto martirio de Ruhollah Ajamian, fueron ahorcados esta mañana”, ha confirmado un portavoz del poder judicial en un comunicado difundido por la agencia oficial de noticias IRNA. Tenían 20 y 22 años respectivamente.
El alto representante de Asuntos Exteriores de la UE, Josep Borrell, ha condenado estas muertes y ha pedido a Teherán que deje inmediatamente de sentenciar a muerte a manifestantes y que anule las sentencias vigentes. ”Esta es otra señal más de la violenta represión de las autoridades iraníes de manifestaciones civiles”, ha dicho Borrell en un comunicado. El Gobierno de Países Bajos, por su parte, ha dicho que convocará al embajador de Irán por segunda vez en un mes para plantear sus preocupaciones sobre la ejecución de manifestantes, y ha instado a otros socios comunitarios a que hagan lo mismo.
La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, instó también este sábado a que la respuesta comunitaria y global a las acciones del régimen ayatolá sea “más fuerte” y haga a Teherán “rendir cuentas por ejecutar ciudadanos que piden respeto a las mujeres, la libertad y la vida”, informa EFE.
La ONG Amnistía Internacional dijo el mes pasado que las autoridades iraníes buscan la pena de muerte para al menos otras 26 personas en lo que llamó “juicios falsos diseñados para intimidar a los manifestantes”. AI, además, ha detallado que a todas aquellas personas que se enfrentan a sentencias de pena muerte se les ha negado la derecho a una defensa adecuada y el acceso a abogados de su elección. Los acusados, según varios grupos de derechos humanos, han tenido que depender de abogados designados por el Estado. La misma ONG ha dicho que el tribunal que condenó a Karami, un karateca de 22 años, se basó en confesiones forzadas.
El abogado de Hosseini, Ali Sharifzadeh Ardakani, dijo en un tuit del 18 de diciembre que su cliente había sido severamente torturado y que las confesiones extraídas bajo tortura no tenían ninguna base legal. Aseguró también que Hosseini fue golpeado con las manos y los pies atados, pateado en la cabeza hasta que se desmayó, y lo sometieron a descargas eléctricas en diferentes partes de su cuerpo. Mientras tanto, Irán niega toda acusación de tortura.
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Más de 500 muertos
El grupo de derechos humanos HRANA cifra en 517 manifestantes muertos desde el inicio de las protestas, de los que 70 eran menores de edad. El régimen, sin embargo, rebaja esa cifra a 300.
Un total de 68 miembros de las fuerzas de seguridad también habrían fallecido en los disturbios, según la misma organización, que cree que hasta 19.262 manifestantes han sido arrestados.
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