Las autoridades de Irán han hecho públicas cifras alarmantes en la reciente ola de deportaciones de afganos que buscan refugio en el país. En los últimos seis meses, 1.2 millones de afganos han sido expulsados, y se prevé que otros 800,000 estén en riesgo de enfrentar la misma situación antes de marzo del próximo año. Esta acción, puesta de manifiesto por el ministro del Interior, Eskandar Momeni, indica que, para el año que viene, la cifra total de deportaciones podría alcanzar casi 2 millones, un impacto considerable en una población de 6 millones de afganos que actualmente residen en Irán.
Este movimiento masivo se inscrito dentro de una política migratoria enfocada en la regulación de la presencia de extranjeros en el país, en particular aquellos sin permisos de residencia válidos. Momeni enfatiza que estas medidas no son motivadas por “xenofobia”, un punto que ha despertado inquietud entre la población afgana en Irán.
La situación ha generado reacciones de autoridades afganas. En un comunicado a finales de julio, el ministro de Exteriores del régimen talibán, Amir Jan Muttaqi, solicitó a su contraparte iraní, Abbas Araqchi, un trato respetuoso y humano para los afganos que están siendo deportados. Muttaqi denunció que muchas de estas expulsiones se llevan a cabo sin la debida coordinación, lo que ha desencadenado informes de “maltratos” hacia quienes son forzados a regresar a su país natal.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha documentado que aproximadamente 250,000 afganos fueron deportados solo en el mes de junio, aunque la cifra total mencionada por la comisión talibán asciende a 600,000, una diferencia notable que resalta las tensiones en la interpretación de los datos. Esta ola de deportaciones ha tomado un impulso particular en el contexto de 12 días de conflicto reciente entre Irán e Israel, lo que ha exacerbado la situación en la región.
Con el aumento de estas expulsiones, el futuro para muchos afganos en Irán se presenta incierto y alarmante, una realidad que pone de relieve no solo las complejidades de la política migratoria en la región, sino también la urgencia de abordar los derechos y el bienestar de quienes se ven obligados a huir de su hogar en busca de seguridad.
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