El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) reporta una alarmante situación en Teherán, donde se estima que el país ha deportado a una media de 30.000 afganos al día desde el inicio del conflicto, una cifra que supera significativamente las tasas previas a la escalada del conflicto. Durante el primer semestre de 2025, más de 1,2 millones de afganos fueron deportados desde Irán y Pakistán, con cerca del 70% de estas repatriaciones llevadas a cabo de forma forzada.
La portavoz del Gobierno iraní, Fatemeh Mohajerani, defendió estas acciones, enfatizando que la seguridad nacional es la máxima prioridad y que la repatriación de ciudadanos ilegales no debe ser considerada como una expulsión. A día de hoy, se estima que alrededor de 2,6 millones de afganos residen en Irán sin documentos legales, mientras que otras cifras sitúan esa población total en cerca de 6 millones, de los cuales al menos 2,5 millones carecen de estatus legal.
Paralelamente, la situación ha estado rodeada de acusaciones graves. Informes no verificados en los medios de comunicación iraníes sugieren que algunos refugiados afganos podrían estar involucrados en redes de espionaje a favor de Israel. El canal de oposición ‘Iran International’ divulgó la detención de varios afganos acusados de colaborar con el Mossad, el servicio de inteligencia israelí. Aunque los medios oficiales compartieron confesiones de algunos de estos detenidos, su veracidad aún no ha sido corroborada de manera independiente.
En un contexto de creciente tensión, Irán anunció la ejecución de tres individuos acusados de haber sido reclutados por el Mossad con la intención de llevar a cabo un atentado. Las autoridades afirmaron que estos espías planeaban introducir explosivos en el país bajo la apariencia de un cargamento de bebidas alcohólicas.
La crisis se intensificó luego de un reciente conflicto que se desencadenó el 13 de junio y que culminó con un alto el fuego. Los servicios de seguridad iraníes informaron de una penetración sin precedentes por parte de agentes que colaboraban con Israel, destacando la incautación de más de 10.000 drones destinados a misiones de espionaje y sabotaje en Teherán. En solo 12 días, las fuerzas de seguridad lograron la detención de más de 700 personas vinculadas a estas redes de espionaje.
Aunque el Gobierno iraní justifica estas campañas de deportación como medidas necesarias para resguardar la seguridad nacional, activistas y observadores han expresado su preocupación por las acciones indiscriminadas contra refugiados afganos. Organizaciones de derechos humanos han alertado sobre la gravedad de la persecución masiva, acentuada por el deterioro humanitario actual en Afganistán.
En este contexto, parece que Irán está reformulando su política hacia los extranjeros en su territorio, priorizando la seguridad ante la dimensión humanitaria, lo que pone en evidencia las vulnerabilidades internas que el régimen teme exponencialmente en estos tiempos inciertos. La combinación de deportaciones forzadas y acusaciones graves de espionaje establece un panorama complejo en la región, especialmente para la población afgana que enfrenta una nueva crisis de desplazamiento.
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