Las tensiones políticas en Ecuador se agudizan tras la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de rechazar las reclamaciones de la Alianza Revolución Ciudadana-Reto por presuntas irregularidades en más de 14.000 actas de las elecciones presidenciales de 2025. A pesar de los señalamientos de inconsistencias, el CNE negó la posibilidad de realizar un reconteo de votos y ratificó el resultado oficial que da la victoria a Daniel Noboa con el 55,63% de los votos frente al 44,37% obtenido por Luisa González.
La presidenta del organismo, Diana Atamaint, argumentó que las actas en cuestión cuentan con firmas electrónicas del Director Nacional de Procesos Electorales y con una certificación que las hace, a su juicio, “inmutables y auténticas”. De las casi 15.000 actas impugnadas, el CNE apenas revisó 333 y concluyó que 316 de ellas no presentan problemas numéricos. Según explicó Atamaint, estas actas cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 138 del Código de la Democracia y, por tanto, no pueden ser invalidadas.
No obstante, la oposición insiste en que el organismo electoral desestimó sin análisis a fondo las más de 14.823 actas reclamadas. Lupe Falconí, auditora del movimiento Reto, entregó al CNE el conjunto completo de actas que contenían supuestas irregularidades, pero el organismo rechazó procesarlas. En paralelo, Revolución Ciudadana-Reto presentó tres solicitudes de nulidad de las elecciones, las cuales también fueron descartadas sin trámite.
Francisco Estarellas, procurador del movimiento, denunció que las actas ingresadas en el sistema no coinciden con las físicas y anunció que acudirán a todas las instancias nacionales e internacionales para buscar la transparencia del proceso. La candidata Luisa González también se pronunció, señalando que hubo actas manipuladas tras ser subidas al sistema electoral, lo que refuerza la tesis de un posible fraude.
En un intento por dar mayor peso a sus denuncias, Revolución Ciudadana presentó este jueves un informe sobre un presunto fraude físico relacionado con un mecanismo de transferencia de tinta que habría sido utilizado para alterar votos en contra de Luisa González. Según el informe, existió una combinación de condiciones técnicas, políticas y logísticas que favorecieron una manipulación sistemática del proceso. Entre los elementos señalados se encuentran el diseño de la papeleta, el tipo de tinta utilizada y un supuesto control de Noboa sobre el CNE, las Fuerzas Armadas y otros actores clave.
Las inconsistencias reportadas por la oposición incluyen 1.984 actas sin firmas conjuntas de los responsables de las Juntas Receptoras del Voto (lo que violaría el artículo 127 del Código de la Democracia), 1.526 actas con sumas que no coinciden con el número de sufragantes, y 1.582 cuyo resultado se desvía del promedio de su recinto, lo que indicaría un posible ingreso irregular de actas. Además, denunciaron una disminución atípica del voto en blanco y del ausentismo electoral, lo que generaría dudas sobre una posible manipulación de más de 150.000 votos. También se reportó el incumplimiento del protocolo que exige anotar el número de sufragantes en la mayoría de las juntas.
A estas denuncias se suman acciones cuestionadas del propio presidente Noboa. Según González, no solicitó licencia para hacer campaña, no transfirió funciones a su vicepresidenta electa, Verónica Abad, y utilizó recursos públicos de forma masiva para influir en el electorado. A ello se añade el decreto de un estado de excepción en ciertas provincias donde no contaba con mayoría, sin que existiera una causa clara de fuerza mayor, lo cual no fue sancionado por el órgano electoral.
El CNE, por su parte, insiste en que el proceso fue legítimo y las actas revisadas cumplen con todos los criterios legales. Sin embargo, la rapidez con la que se revisaron miles de actas y la negativa sistemática a las solicitudes de revisión han encendido las alarmas de fraude electoral para la oposición y diversos sectores de la sociedad civil.
Con las puertas al reconteo cerradas y el resultado oficial proclamado, el conflicto podría escalar hacia organismos judiciales o incluso internacionales, mientras crece la percepción de una democracia frágil y de una institucionalidad electoral puesta en entredicho.
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