Al mismo tiempo que mejora la percepción que tienen los vascos de la inmigración, el Gobierno francés se mantiene firme en su empeño de cerrar el paso a estas personas en su país. Francia ha prolongado otros seis meses el control que ejerce en todos sus pasos fronterizos a las personas migrantes que tratan de acceder a su territorio. Es una vigilancia “permanente y selectiva”, dicen las organizaciones humanitarias, que “solo pretende impedir la entrada de personas de origen africano”, explica Jon Aranguren, representante de la red de acogida de Irun. Francia tiene instalados en la muga puestos policiales de continuo y ha sellado con vallas todas las vías de acceso. Unas 300 personas se reunieron el pasado martes por la tarde-noche en el estratégico puente de Santiago para derribar las barreras metálicas, pero las autoridades de aquel país ordenaron pocas horas después levantar de nuevo todos los obstáculos. “Fue un acto simbólico contra los controles racistas que está imponiendo Francia”, sentencia Aranguren.
La decisión del Gobierno de Macron de alargar hasta el próximo 30 de abril el cierre de sus fronteras a los migrantes en tránsito llevó a unas decenas de personas a participar en el derribo de las barreras que impiden el paso a Francia. Con el lema Mugak apurtu, zubiak eraiki (Derriba fronteras, construye puentes), la protesta culminó con la retirada de las vallas que atraviesan el puente peatonal del río Bidasoa y que conecta Irun con la vecina localidad francesa de Hendaya. Los manifestantes, que se unieron en este punto procedentes de ambos puntos de la muga, denunciaron el bloqueo del paso fronterizo y culparon al Ejecutivo francés de cerrar la entrada a su territorio: “Ya sea por cuestiones de terrorismo, la covid y ahora la guerra de Ucrania, cada seis meses Francia encuentra un nuevo pretexto falso para mantener sus controles racistas”, aseguran las organizaciones convocantes en un comunicado.
El atentado contra el semanario satírico francés Charlie Hebdo, en enero de 2015, supuso un antes y un después en el endurecimiento de los controles fronterizos que impuso Francia. Desde entonces, el flujo de migrantes que proceden de África y tratan de llegar al corazón de Europa se topa con un muro muy difícil de franquear y que en ocasiones ha causado tragedias humanas. En los últimos dos años, al menos nueve personas han muerto cuando trataban de sortear los controles policiales, algunos de ellos ahogados en el Bidasoa cuando intentaban cruzarlo a nado. “Para poder llegar a su destino cada vez arriesgan más caminando por las vías del tren, por el arcén de la autopista o saltando al Bidasoa”, denuncian estas asociaciones humanitarias.
Los tres gobiernos que conforman la Eurorregión Aquitania-Euskadi-Navarra vienen reclamando la “reapertura de los pasos fronterizos, cerrados en 2021 en el marco de la lucha contra el terrorismo, y la normalización de la circulación de personas y mercancías”. Este pasado mes de octubre lo pidieron el lehendakari Iñigo Urkullu; el presidente de la Mancomunidad del País Vasco francés, el centrista Jean-René Etchegaray; y el presidente de Aquitania, el socialista Alain Rousset. “Es imperativo normalizar el paso de la frontera pirenaico-atlántica mediante la reapertura de los pasos fronterizos que quedan cerrados y el cese de los controles sistemáticos para los que están sometidos a ellos”, reclamaron estos dirigentes al Gobierno francés.
La Policía francesa tiene montado de forma permanente un puesto de vigilancia en el puente de Santiago, el paso principal desde Irun, entre otros puntos de paso. Es un filtro que trata de impedir la llegada de personas migrantes, la mayoría de origen magrebí y subsaharianos, que después de cruzar el Estrecho y atravesar toda la península, siguen su periplo migratorio hacia el norte europeo. Hasta marzo de este año, explica Aranguren, la asociación de acogida de Irún recibía a unas 600 personas al mes, a las que ofrecía información sobre el viaje que piensan llevar a acabo y las dificultades que se van a encontrar durante la ruta. “En la actualidad ha bajado a unas 300 personas al mes”, precisa este voluntario. Tienen tres días como máximo para permanecer acogidos en el albergue de Hilanderas de Irun. Es el tiempo que emplean para planificar cómo van a entrar en Francia sin ser detenidos en los puentes, estaciones de tren, autopistas y paradas de autobús controlados por la policía francesa. “Para poder llegar a su destino, cada vez arriesgan más”, apunta Aranguren.
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La decisión de Francia de prorrogar otros seis meses el férreo control fronterizo llevó a una veintena de organizaciones a protagonizar la protesta consistente en derribar las vallas. “Hay que seguir denunciando que Francia está colocando controles racistas en el corazón de la UE acogiéndose a disculpas varias y a una legalidad dudosa que solo aplica en la frontera sur de su país”, dice Aranguren. Provistos de cizallas y material cortante, el martes liberaron momentáneamente el paso peatonal, aunque pocas horas después el Ayuntamiento de Hendaya, según el portavoz de Irungo Harrera Sarea, ya había ordenado la recolocación de la barrera metálica y mantener el cierre del puente.
Estas acciones se producen cuando el último estudio realizado por el Observatorio Vasco de la Inmigración (Ikuspegi) concluye que el nivel de aceptación de la inmigración en Columna Digital Vasco se sitúa en 69 puntos sobre 100. “Somos más tolerantes, ya no creemos mayoritariamente que la inmigración sea un problema”, afirmó la consejera de Política Social, Beatriz Artolazabal, en la presentación de dicho estudio el pasado marzo. En el último año, la percepción de la inmigración como problema ha descendido 4,1 puntos. Este barómetro social señala que únicamente un 6% de la población afirma de forma espontánea que la inmigración supone un problema. El Ejecutivo vasco atendió el año pasado a 8.115 personas migrantes en tránsito en la zona fronteriza de Irun-Hendaya, la cifra más elevada desde que en 2018 se iniciaron las devoluciones en caliente de extranjeros que pretenden acceder a Francia por este punto.
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