Israel promulga ley de pena de muerte

El parlamento de Israel ha tomado una decisión controvertida al aprobar una ley que permite imponer la pena de muerte a quienes sean condenados por ataques mortales calificados como "terrorismo". La medida, cuyo impacto se prevé mayormente para los palestinos, ha sido criticada por diversos sectores, incluyendo autoridades de la Autoridad Palestina, que la han tildado de intento para "legitimar ejecuciones extrajudiciales".

Con 62 votos a favor y 48 en contra, la norma fue impulsada por Itamar Ben Gvir, el ministro de Seguridad Nacional del partido de extrema derecha Poder Judío, y obtuvo el respaldo del primer ministro Benjamin Netanyahu. Esta ley establece que cualquier persona que cause intencionadamente la muerte de otro con el fin de dañar a un ciudadano o residente israelí, con la intención de desmantelar el Estado de Israel, podrá ser condenada a muerte o a cadena perpetua. Para los palestinos en Cisjordania ocupada, esto podría significar que la pena de muerte se convierta en el castigo predeterminado en ataques mortales clasificados como terrorismo por tribunales militares israelíes.

Desde 1967, Israel mantiene el control sobre Cisjordania, donde los palestinos son juzgados en tribunales militares, mientras que los colonos israelíes siguen un sistema judicial diferente. Esto ha llevado a críticas sobre un posible doble estándar en el sistema judicial israelí.

La nueva legislación estipula que, tras la sentencia, el método de ejecución será la horca, y que debe llevarse a cabo en un plazo de 90 días, con posibilidad de aplazamiento de hasta 180 días. La Asociación por los Derechos Civiles en Israel ha anunciado su intención de acudir a la Corte Suprema para anular esta ley, alegando que contradice las leyes fundamentales de Israel que prohíben la discriminación arbitraria.

También, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Autoridad Palestina ha declarado que Israel no tiene "ninguna soberanía" sobre territorios palestinos y considera la ley como un intento de justificar ejecuciones extrajudiciales bajo un marco legislativo. La organización Amnistía Internacional había instado a los legisladores israelíes a rechazar el proyecto, alertando sobre su posible aplicación discriminatoria, especialmente contra palestinos.

La respuesta internacional ha sido rápida y contundente. Países europeos como el Reino Unido, Francia, Alemania e Italia han expresado su "profunda preocupación" por esta legislación, afirmando que podría socavar los compromisos de Israel con los principios democráticos. La Asociación por los Derechos Civiles ha subrayado que esta ley es "inconstitucional" y discrimina por su naturaleza, especialmente hacia los palestinos en Cisjordania, donde se ha aprobado sin un fundamento jurídico sólido.

Es relevante mencionar que, aunque la pena de muerte está contemplada en el orden jurídico israelí, el país ha estado bajo una moratoria de facto desde que Adolf Eichmann, un criminal nazi, fue ejecutado en 1962. La nueva ley representa no solo un cambio significativo en la legislación israelí, sino también un punto de inflexión en un contexto ya tenso y complicado en la región.

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