Después de permanecer detenida sin cargos durante cerca de un mes y de ser acusada por la justicia militar israelí de financiación de un grupo terrorista, la trabajadora humanitaria española Juana Ruiz Sánchez, de 62 años, ha visto restringido su derecho a la defensa ante el juicio que se celebrara el miércoles en un tribunal castrense en Cisjordania. La abogada de la cooperante, Gabi Lasky, solo ha podido visitarla por primera vez en prisión al mediodía de este martes para preparar la defensa, a pesar de que la Fiscalía militar formuló la acusación el pasado 6 de mayo.
“Es la primera vez que solo se me permite entrevistarme con un cliente pocas horas antes del juicio”, ha asegurado la letrada israelí de origen mexicano, con larga experiencia en la defensa de detenidos palestinos e israelíes en los denominados “casos de seguridad”, en una conversación telefónica poco antes de reunirse por primera vez con Juana Ruiz. Lasky ha tenido acceso al sumario instruido por la justicia militar sobre investigaciones e interrogatorios efectuados por el Shin Bet (servicio de inteligencia interno), pero no ha podido contrastarlo hasta ahora con la versión de la cooperante.
La abogada prevé impugnar el miércoles ante el tribunal militar de Ofer (en Cisjordania, 20 kilómetros al norte de Jerusalén) el inusual procedimiento y solicitar un aplazamiento de la vista con el fin de poder organizar la estrategia de defensa. “Se necesita tiempo para poder preparar el juicio junto con el cliente; nunca me había ocurrido una situación similar”, argumentó Lasky. Una fuente diplomática europea conocedora del caso lamentó que el forzado aplazamiento vaya a prolongar la duración del proceso y la permanencia en prisión de la ciudadana española, sobre todo después de que un juez militar denegara una petición para que pudiera estar en libertad o bajo arresto domiciliario a la espera de juicio.
Juana Ruiz está internada actualmente en una cárcel del norte de Israel, donde ya no se encuentra retenida a régimen de aislamiento en una celda, situación en la que permaneció cerca de un mes en un penal próximo a Tel Aviv, y puede relacionarse con otros reclusos. Su situación ha mejorado, asegura la fuente diplomática consultada, después de haber podido recibir pertenencias personales enviadas por su familia por vía de la asistencia consular.
La abogada de la cooperante ha señalado que la mayoría de los cargos que pesan en su contra guardan relación con su trabajo desde hace décadas con la ONG palestina Comités de Trabajo para la Salud (CTS), que Israel ha calificado recientemente de “organización ilegal”. Fuerzas militares irrumpieron en marzo en la sede central de esta asociación sanitaria en Ramala, donde practicaron detenciones y se incautaron archivos y registros informáticos.
Afincada en Palestina desde 1984, Juana Ruiz coordina en el seno de CTS la cooperación de asociaciones y entidades españolas en materia de salud en Cisjordania y la franja de Gaza. Está casada con un farmacéutico palestino y vive en Beit Sahur, en la provincia de Belén, donde fue arrestada en la madrugada del 13 de abril por una veintena de soldados.
Como residente en Cisjordania —territorio palestino ocupado por Israel desde 1967—, ha sido sometida a la jurisdicción militar, que permite la detención hasta 75 días sin necesidad de presentar cargos. Los investigadores del Shin Bet sostienen que la trabajadora humanitaria española —citada en la prensa hebrea como Juani Rashmawi, por su apellido de casada— participó en una red para “introducir ilegalmente fondos en los territorios palestinos” que fueron desviados hacia el Frente Popular de Liberación de Palestina (FPLP), grupo considerado terrorista por Israel y la Unión Europea, “mediante fraude y engaño” a los donantes de países europeos.
Los observadores jurídicos y diplomáticos que han seguido de cerca su caso sostienen que no se respetaron las garantías procesales mínimas, y que Israel incumplió la Convención de Viena sobre asistencia consular, ya que su detención no fue informada desde el primer momento a las autoridades españolas. Fue sometida a interrogatorios de hasta seis horas, y durante dos semanas solo recibió dos comidas al día, en lugar de las tres prescritas en el reglamento penitenciario israelí.
En una situación que las citadas fuentes calificaron de “presión psicológica y psíquica”, tardó más de dos semanas en recibir sus efectos personales, como las gafas de lectura, y no se pudo cambiar de ropa con vestimentas propias. La cooperante española debe tomar medicación a causa de una enfermedad crónica y estuvo sumida en un estado depresivo a causa del permanente aislamiento al principio de su detención. También tuvo que firmar documentos en hebreo, lengua que no conoce, sin la presencia de un intérprete.
Se trata de la primera vez en tiempos recientes que una persona con ciudadanía exclusiva española recibe el inflexible trato que la justicia militar israelí aplica sistemáticamente desde hace casi 54 años a los residentes en los territorios ocupados palestinos. La Oficina del Portavoz de las Fuerzas Armadas de Israel no había contestado a la petición de Columna Digital para conocer su versión sobre este caso en el momento de publicar esta información.
En un comunicado difundido por la campaña de solidaridad con la cooperante española, organizaciones españolas que trabajan en la cooperación con Palestina han denunciado que los cargos presentados contra Juana Ruiz son “inconcebibles”. “Negamos tajantemente que el dinero de la cooperación española se emplee en otra cosa que no sea proyectos sanitarios y humanitarios en Palestina”. “La cooperación española es extremadamente garantista”, sostienen, y está sometida a sucesivas auditorías de control de gestión y presupuestarias.
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