La Cámara alta del Parlamento italiano ha dado luz verde a un amplio decreto de seguridad que, entre otras cosas, busca abordar las protestas públicas, el aumento de carteristas y la ocupación de propiedades. Esta iniciativa, promovida por el gobierno de coalición de derecha liderado por la primera ministra Giorgia Meloni, ha suscitado fuertes críticas entre los partidos de oposición y defensores de los derechos civiles, quienes la consideran excesivamente represiva.
El decreto fue aprobado con 109 votos a favor, 69 en contra y una abstención, en una sesión marcada por tensiones y protestas por parte de opositores que, en un arrebato de indignación, exhortaron a los legisladores a reflexionar sobre las implicaciones de sus decisiones.
Francesco Boccia, senador del Partido Democrático, manifestaba su preocupación sobre el rumbo que está tomando el gobierno, afirmando que se está “desafiando a un gobierno que quiere encarcelar a los niños y a los estudiantes que hacen huelga”. Este tipo de declaraciones refleja un ambiente político tenso, donde los partidarios de Meloni han recalcado la necesidad de medidas más estrictas para garantizar la seguridad pública.
El nuevo marco legal incluye la tipificación como delito de acciones como el bloqueo de carreteras y graffitis en bienes públicos, buscando disuadir a manifestantes que, en ocasiones, han interrumpido el tráfico o vandálico en puntos emblemáticos. Además, se introducen penas más severas para los disturbios dentro de cárceles y centros de detención de inmigrantes, así como para aquellos que ocupan propiedades privadas.
Entre las medidas más controversiales está la prohibición del comercio de “cannabis light”, una variante de cáñamo que, a diferencia de la marihuana, no tiene efectos psicoactivos. Esta medida ha provocado la furia de empresarios del sector, quienes advierten que resultará en la pérdida de miles de puestos de trabajo y afectará inversiones millonarias.
Asimismo, el decreto elimina la exención de prisión para mujeres embarazadas o con bebés que estén condenadas, argumentando que ciertas minorías estaban eludiendo la justicia a través de este mecanismo. Gianni Berrino, senador del partido de Meloni, expresó que las mujeres que delinquen no son dignas de la maternidad.
El endurecimiento del decreto también incluye sanciones más severas para los manifestantes que enfrenten a la policía, así como una cobertura legal de hasta 10,000 euros para los uniformados que sean sometidos a investigación o juicio.
Desde que la coalición de Meloni ganó las elecciones en septiembre de 2022, el apoyo público ha ido en aumento, reflejando un deseo de mano dura en asuntos de seguridad y orden público. Sin embargo, estas políticas han abierto un debate profundo sobre la libertad de expresión y el derecho a la protesta en el país, lo que cuestiona el equilibrio entre seguridad y derechos civiles en Italia.
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