El respeto a la pluralidad forma parte del debate permanente en el seno de la televisión pública. Italia, además, vive en la obsesión constante de mantener el equilibrio en los distintos canales de la RAI entre las diferentes sensibilidades políticas del Parlamento. Pero en las últimas semanas, cuando la guerra en Ucrania ocupa gran parte del espacio de la programación, el debate se ha trasladado a cómo debe ser esa pluralidad de opiniones y a la desinformación interesada. ¿Es legítimo invitar a periodistas rusos a sueldo del Kremlin a dar una opinión de parte sobre el conflicto en en la televisión pública? ¿Puede un tertuliano pagado matizar la masacre de Bucha? El ente que vigila a los medios públicos cree que no y ha pedido ahora investigar el asunto a través de una comisión parlamentaria sobre la seguridad nacional.
La Unión Europea comenzó una guerra paralela a finales de febrero contra la desinformación en pleno conflicto en Ucrania. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, anunció el veto a dos medios rusos: la agencia de noticias Sputnik y a la cadena de televisión RT (Russia Today), ambas financiadas por el Kremlin. “No podrán volver a difundir sus mentiras para justificar la guerra de Putin y dividir a la Unión Europea”, anunció entonces Von der Leyen. El reglamento europeo prohíbe ahora a los operadores “difundir, facilitar o contribuir de otro modo a la emisión de cualquier contenido” y también su distribución en “plataformas o aplicaciones de intercambio de vídeos en internet, ya sean nuevas o previamente instaladas”. Pero en Italia el debate no está zanjado, y hace semanas que por la televisión (pública o privada) desfilan periodistas rusos cuya imparcialidad está altamente en entredicho.
La novedad ahora es que el ente que se ocupa de la vigilancia de la RAI ha pedido a la comisión parlamentaria que trata los asuntos de seguridad nacional y servicios secretos (Copasir) que se interese por la cuestión. Andrea Romano, diputado del Partido Democrático (PD), ha liderado la iniciativa. “Ya pedimos que la RAI tuviese un código de conducta para los tertulianos en el tema de la guerra. Este conflicto se combate también con la desinformación y Putin la usa como instrumento militar. Ahora pedimos que el Copasir arroje luz sobre las implicaciones que tienen para la seguridad nacional estas discusiones. Muchos de esos personajes están ligados a la desinformación rusa”, denuncia Romano a este periódico.
El diputado del PD —que vivió varios años en Moscú y es un gran conocedor de la cultura rusa— se refiere concretamente a la aparición en un programa de RAI 3 (Carta Bianca) de Nadana Fridikhsson, periodista filoputiniana del canal de televisión Zvedeva TV, propiedad del Ministerio de Defensa ruso. “No se trata de imponer ninguna censura, sino de reclamar más cuidado en la televisión pública y de usar el criterio de la responsabilidad. En una tragedia así no puede emplear el mismo criterio de pluralidad. Es como si para hablar del Holocausto se propusiera escuchar la voz de una víctima de la Shoah y la de Goebbels”, insiste.
Pero el conflicto viene de lejos, y también afectó en el mismo programa a Alessandro Orsini, un profesor de ciencias políticas de la Universidad LUISS, con posiciones críticas hacia Ucrania y favorables a la campaña rusa. Orsini tenía un sueldo de 2.000 euros por programa, al que finalmente tuvo que renunciar por la presión política. Bianca Berlinguer, reputada presentadora del espacio, defiende lo que considera un síntoma de pluralidad. “Esa periodista ya había sido invitada varias veces a Mediaset o LA7. Nadie tuvo objeciones entonces. Pero el caso explotó cuando vino a Carta Bianca. Yo misma la presenté como miembro de una televisión del Ministerio de Defensa ruso. Pero la televisión pública siempre está sujeta a polémicas políticas que tienen que ver con la política y no con el producto. La televisión pública debe dar voz a todas las opiniones, como es justo que se haga en un debate político. Hasta dónde debe llegar deben decidirlo los periodistas, no la política. Si no fuera así, se acabaría con su autonomía. Los ciudadanos solo pueden formarse una opinión a través de un debate que las incluya todas”, apunta.
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