El viernes 25 de junio de 2021, Colombia se devolvió dos décadas en el tiempo. La radio y la televisión interrumpieron la programación habitual de la tarde para contar que se había producido un ataque al helicóptero en el que viajaba el presidente Iván Duque y una comitiva con dos de sus ministros en la ciudad de Cúcuta, fronteriza con Venezuela. La información estaba aún sin confirmar y parecía imposible que en una de las zonas más militarizadas del país y con la seguridad reforzada tras la explosión de un coche bomba en una brigada días antes, fuera factible ese riesgo. Más tarde, el propio Duque lo constató: la aeronave presidencial había recibido seis disparos de fusil, en la cola y la hélice principal. El blindaje del Black Hawk hizo que las personas a bordo solo se enteraran del ataque al aterrizar y que ninguno de los viajeros resultara herido.
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La última vez que grupos armados atentaron contra un presidente fue en el año 2002. El mandatario era entonces Álvaro Uribe, padrino político de Duque y quien lo impulsó a la presidencia. Las FARC lanzaron morteros al Congreso durante su investidura y mataron a 17 personas. En aquél momento, los secuestros por parte de esa guerrilla y las masacres paramilitares acorralaban a miles de personas en el campo. Dominaba la política de mano dura.
Tras la esperanza que ha supuesto el desarme de 13.000 guerrilleros de las FARC, el asesinato de líderes sociales, las masacres y el intento de atacar contra el presidente instalan un ambiente de temor para las elecciones presidenciales de mayo de 2022 y las parlamentarias de marzo del mismo año. Para algunas voces de la izquierda, hay una estrategia para infundir miedo y volver a la llamada “seguridad democrática” del expresidente Álvaro Uribe.
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En otro país, el ataque al primer mandatario supondría un antes y un después. Pero no en Colombia. ¿Por qué? ¿Qué implica ese hecho en una nación que intenta dejar atrás el conflicto armado? Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar aventura una respuesta. “A pesar de la magnitud del hecho no nos sorprende. Indica que aquí nadie está seguro”, dice. “Hay un desbordamiento y urbanización de la violencia en los últimos dos años”, agrega, refiriéndose a dos hechos recientes: el atentado con coche bomba a la instalación militar el pasado mes de junio, que dejó 36 heridos, y un ataque a la policía en un barrio de Cúcuta en el mes de abril.
Amplios sectores políticos del país han expresado su rechazo al atentado contra Duque, incluida la oposición. Representantes del mundo académico, la industria y la comunidad internacional lo han calificado de ataque contra la democracia. Pero algunas voces apuntan a interrogantes y sospechas alrededor del suceso, algo similar a lo que ocurrió con el atentado a Uribe en 2002. Estas voces se preguntan por qué y quién sugirió al presidente viajar a una zona considerada un polvorín, cómo los atacantes sabían en cuál de los helicópteros viajaba, el por qué de la orientación de las balas y distancia de tiro, las inexplicables fallas de seguridad a la llegada al aeropuerto… El ministro de Defensa, Diego Molano, ha descartado estas sugerencias “mezquinas”.
Política con escoltas
Colombia es un país donde la política se hace con escoltas y bajo eterno riesgo. El ataque a Duque representa la escalada de lo que viene ocurriendo con líderes sociales y políticos. En Cauca, una de las regiones históricamente más golpeadas por el conflicto, han masacrado a una candidata a una alcaldía local, junto a su madre y a cuatro líderes sociales; el intento de asesinato de Francia Márquez, líder política afrodescendiente, ganadora del Premio Goldman de Medioambiente y también del senador indígena Feliciano Valencia, por mencionar solo los sucesos más conocidos.
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Está por ver el impacto que este clima puede tener en la campaña electoral. Tickner predice tiempos políticos difíciles, en los cuales los progresistas no han logrado converger en candidaturas viables y la extrema derecha está en apuros para encontrar candidatos sólidos ante la debacle que ha representado este Gobierno para su partido. El presidente Iván Duque arrastra una desaprobación del 76%, y el 68% de la población tiene una imagen negativa de su mentor, Álvaro Uribe.
Para Rodrigo Londoño, Timochenko, exjefe de las FARC y hoy líder del partido Comunes, quien sufrió un atentado en 2020, la gran preocupación es que en medio del caos se busque sabotear el proceso de paz y “se conduzca a Colombia a otra vorágine de violencia de la que nadie puede prever sus consecuencias”.
