Varias calamidades se han combinado para sacudir a los colombianos con una trágica tormenta. Algunas son peculiares del país, pero otras son compartidas por el resto de la región. Esa es la razón por la cual en Colombia se están mirando otras naciones. Como si se presintiera que se trata de un espejo profético.
Uno de los factores que impulsan la crisis es el deterioro social derivado de la pandemia. Colombia figura, según la Cepal, en el tercer lugar de la lista de países de América Latina en los que más se expandió la pobreza desde que apareció el coronavirus. Aquellos que no tienen ingresos para vivir con dignidad pasaron de ser el 31,7% a ser el 38,7% de la población. Hay 500.000 comercios que debieron cerrar sus puertas. Y el desempleo alcanzó a más de 4 millones de personas. Muchísimos de estos nuevos pobres son jóvenes, que se han quedado sin trabajo o sin universidad.
La miseria afecta en especial a una gran masa de inmigrantes venezolanos. Muchos especialistas la ubican en unos dos millones de personas. Carentes de ingresos, muchos de ellos caen en la delincuencia.
Las manifestaciones que se despliegan desde hace casi dos semanas, con bloqueos que amenazan con el desabastecimiento a las grandes ciudades, están contaminadas a menudo por el vandalismo. No debe sorprender. En la sociedad colombiana anidan desde hace décadas grupos violentos. La guerrilla se resiste a desaparecer. El narco sigue activo. Y las familias más poderosas organizan sus propias milicias privadas, sobre todo en las zonas rurales. Si algo sobran son las armas.
En este contexto social opera un gobierno débil. La presidencia de Iván Duque exhibe dos fragilidades de origen. El líder de Centro Democrático, el partido oficialista, no es Duque. Es Álvaro Uribe, que ejerce un padrinazgo muy activo, por momentos asfixiante. Además, Duque llegó al poder con un triunfo que se verificó recién en la segunda vuelta electoral. En el primer turno obtuvo alrededor de 7,6 millones de votos. Para alcanzar, en el segundo, el 53,98%, debió sumar 2,7 millones de votos que, en rigor, no lo elegían a él. Rechazaban a su rival, el populista de izquierda Gustavo Petro, que reunió en ese ballotage alrededor de 8 millones de sufragios. Quiere decir que la base de apoyo inicial de Duque estaba compuesta por un anillo muy condicional.
Hay en la presidencia colombiana otra debilidad que fue aflorando con el ejercicio. Duque es un tecnócrata que parece mucho más consciente de lo que sucede en el álgebra de las planillas de Excel que en la compleja e invertebrada comunidad colombiana. Algunos de sus colaboradores, como Alberto Carrasquilla, quien fue eyectado del Ministerio de Hacienda por la turbulencia de estos días, exageran esa condición hasta el género de la caricatura. Solo esta atrofia de la sensibilidad puede explicar la reforma tributaria que hizo estallar a Colombia por los aires.
Duque y Carrasquilla no podían estar mejor inspirados desde el punto de vista teórico. Ambos se negaron a financiar con emisión monetaria los desequilibrios de las cuentas públicas, en su mayor parte generados por los programas sociales que impuso la epidemia. Temieron que ese camino desencantara a las calificadoras de riesgo y motivara alguna reprimenda de la OCDE. Por eso optaron por modificar los impuestos.
La propuesta contaba con un capítulo progresivo, a primera vista, impecable: acentuaba la carga en quienes tienen una mayor capacidad contributiva. Ese espíritu de equidad permitió llamar a esta ley impositiva, siguiendo una moda corriente ene estos días, Ley de Solidaridad. Sin embargo, los funcionarios no advirtieron el impacto que tendría que, entre otras medidas, se aplicara el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 19% sobre los servicios públicos para los sectores de clase media, ya muy castigados por la contracción de casi 7% del PBI que se registró el año pasado. Estaba previsto, además, cargar con el impuesto a la renta a las personas que cobraran un salario superior a 633 dólares mensuales, en un país donde el salario mínimo es de 234 dólares. El menú de innovaciones incluía una iniciativa disparatada en medio de una peste: se aplicaría el IVA del 19% a los servicios funerarios. Ceguera frente a lo que el consultor Miguel Herrera denomina “renglón simbólico” del paquete tributario.
A la falta de oportunidad se le agregó una pésima explicación del programa. La sociedad reaccionó enfurecida. Las manifestaciones comenzaron, como suele suceder en estos tiempos, por la salida espontánea a las calles de quienes querían expresar su disconformidad. Sobre todo, jóvenes insatisfechos. Sobre este movimiento efervescente se montaron las organizaciones sindicales, en especial la de los camioneros, lideradas por la Central Única de Trabajadores (CUT). En las zonas rurales esa presencia se combina con las de agrupaciones indígenas. Así comenzaron los bloqueos de las grandes vías de comunicación que permiten el acceso a las ciudades. Sin armas, sin violencia.
Un tercer fenómeno, mucho menos masivo, pero más impactante, ha sido la irrupción enmascarada de grupos de choque que tienen un hondo arraigo en la vida colombiana. Son los grupos narcos, que pujan por el control del espacio público. Facciones guerrilleras, sobre todo del Ejército de Liberación Nacional, y facciones paramilitares. La acción de estas bandas explica la violencia y el vandalismo, capaz de atacar con armas o incendiar estaciones de policía con agentes en su interior.
En el centro de esta escena caótica emerge Duque, en soledad. Su reforma fue un fallido no sólo por el contenido. También por el método. Cuando Uribe tomó distancia del presidente se advirtió que el emprendimiento no había sido discutido siquiera dentro del oficialismo.
En medio del desorden se retiró la reforma y debió renunciar Carrasquilla al Ministerio de Hacienda. Fue reemplazado por su colega de Comercio, José Manuel Restrepo. Apenas asumió, Restrepo anunció que el plan de renovación de la flota de aviones de guerra quedó suspendido. Ese programa suponía un gasto de alrededor de 3.600 millones de dólares. Para tener una idea de su significado: la reforma tributaria a la que Duque debió renunciar aspiraba a recaudar el equivalente a 6.600 millones de dólares. Sigue sin entenderse cómo en medio de semejante ajuste el Gobierno pensaba lanzarse a semejante gasto en materia de Defensa. Restrepo anunció que habrá cambios impositivos, pero mucho menos draconianos. Ahora aspira a mejorar los ingresos del Tesoro en 3.600 millones de dólares.
El aislamiento de Duque tiene una dimensión territorial. Ninguno de los alcaldes de las grandes ciudades tiene afinidad con su partido. Claudia López Hernández, la alcaldesa de Bogotá, es una líder de centro-izquierda que polemiza a menudo con Duque, sobre todo en el enfoque sobre la seguridad ciudadana. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, es un político independiente, que trabajó en el Gobierno de Juan Manuel Santos, con quien Uribe mantiene un conflicto acérrimo. Al frente de Cali está Jorge Iván Ospina, un político de centro, que ha tenido hasta ahora mejor comunicación con el Gobierno central.
Si bien la policía es nacional, los tres tienen funciones de coordinación en sus ciudades. López Hernández ha salido en las últimas horas a desalentar las concentraciones callejeras, que ponen a Bogotá al borde del colapso, cuando la epidemia está alcanzando un pico. Quintero, en cambio, no ha descalificado la protesta. Y se ufana de que en Medellín no haya violencia. Quien aparece acorralado es Ospina, en Cali: la protesta social se está mezclando con conflictos armados preexistentes, en un área donde se extienden las principales plantaciones de coca del país. El alcalde sugirió, en la entrevista que le realizó Juan Diego Quesada para Columna Digital, que por debajo de la agitación popular se cursa un enfrentamiento faccioso cuyo destino es imponer un orden sanguinario mientras la policía permanece desbordada.
Duque intenta en estas horas reconectar a su Administración. Tiende puentes muy discretos hacia líderes opositores como Germán Vargas Llera o César Gaviria. Y busca el momento de dialogar con Francisco Maltés, el líder de la CUT.
Frente a Duque se planta el único candidato visible para las elecciones presidenciales del año próximo: Petro. Supera el 30% de intención de voto. Es lo que registraba para la misma época del proceso electoral anterior, cuando salió segundo, detrás del actual presidente. Entusiasmado primero con las movilizaciones de protesta, en los últimos días, cuando la violencia fue ganando espacio, el populista Petro comenzó a pronunciarse de manera cautelosa. Sabe bien que la estrategia de los seguidores de Uribe, en general muy conservadores, es presentar el desasosiego que se vive hoy en las calles del país como el paisaje cotidiano que habría que esperar en un eventual gobierno suyo. En este marco debe interpretarse el video que se filtró de un chat de la canciller Claudia Blum acusando a Petro de participar de una conspiración con Nicolás Maduro y narcoterroristas.
El empresariado tiene la misma percepción. Así se explica que desde la Asociación Nacional de Empresarios hayan ofrecido su propia ley impositiva de emergencia, con contribuciones extraordinarias para solventar la crisis social.
Duque debe romper también un aislamiento internacional. La violencia represiva ha inspirado condenas de organizaciones de derechos humanos pero también de gobiernos. Con una gran novedad: los funcionarios internacionales de Joe Biden, en vez de respaldar a la Administración, han expresado preocupación por el desborde represivo. Es una señal muy significativa para Duque, que debió aclarar con cierto énfasis que él no tenía preferencias por Donald Trump en las elecciones estadounidenses. Este juego es importante: Colombia ha sido el principal aliado de Washington en la región. Tal vez la disonancia explique ahora los rumores de que Duque está pensando en que la canciller Blum deje su cargo.
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