JC Barragán Presenta Querella Contra Jueza

Juan Carlos Barragán ha tomado la decisión de presentar una denuncia penal por delitos contra la administración de justicia, basándose en el artículo 260 del Código Penal de Michoacán. Su denuncia está dirigida a la magistrada del Tribunal en Materia Anticorrupción y Administrativa del Estado de Michoacán (TAAM) y a quienes resulten responsables del presunto uso indebido de las instituciones para la persecución política de sus adversarios.

Barragán fundamenta su denuncia en el principio de que un juez no puede intervenir en un asunto cuando hay un posible conflicto de interés, subrayando que emitir una resolución contraria a la ley es inadmisible. Además, ha anunciado su intención de solicitar una investigación sobre la posible existencia de un conflicto de interés, tal como establece el artículo 58 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado.

La controversia radica en el hecho de que la magistrada en cuestión es esposa del diputado Juan Pablo Celis Silva, quien ha mantenido una confrontación política y jurídica con Barragán. Este último asegura que solicitó formalmente la recusación de la magistrada del caso, sin embargo, su solicitud fue rechazada y, poco después, la magistrada emitió una resolución que resultó en una inhabilitación de 20 años y una multa de 5,636,600 pesos.

Barragán expresa que esta situación plantea serias dudas sobre la imparcialidad del proceso. Atribuye a las autoridades de Michoacán un uso desmedido de su poder, alegando que están orquestando una persecución política que afecta sus futuras aspiraciones electorales.

El diputado ha reafirmado su compromiso de llevar este asunto a las instancias legales competentes, solicitando que se investigue no solo las acciones de la magistrada, sino de cualquier servidor público que haya podido influir en el caso. Su objetivo es que se determinen las responsabilidades penales y administrativas que correspondan, conforme a la ley.

Este desarrollo legal podría tener implicaciones significativas en el ámbito político de Michoacán, marcando un punto de inflexión en la lucha contra lo que se reputa como abuso de poder institucional. La comunidad observará de cerca cómo se desenvuelven los eventos en torno a esta denuncia.

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