Joan Llinares (Alzira, Valencia, 68 años) lleva buena parte de su vida luchando contra la corrupción. Desde 2017 dirige la Agencia Valenciana Antifraude, pero antes puso orden en el Palau de la Música de Barcelona tras el saqueo por Convergència, desveló las irregularidades del Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) y montó la Oficina por la Transparencia del Ayuntamiento de Barcelona. Lleva a gala su condición de “funcionario público”, obligado a cumplir la ley, como las 40 personas de su equipo, dedicadas a una tarea no siempre reconocida. “¿Para qué te metes en eso?”, le preguntó un amigo cuando aceptó el cargo en la agencia, que cuenta hoy con 25 denunciantes de corrupción protegidos.
El amparo de los denunciantes resulta clave para su trabajo. Por eso, considera un grave error la condena de cuatro años de cárcel al exconcejal madrileño del PP José Luis Peña, que contribuyó a destapar la trama Gürtel, y que ha pedido el indulto. “Este hombre ni se tenía que haber sentado en el banquillo. Los italianos lo resolvieron hace un tiempo con las leyes antimafia, y las autoridades de EE UU y Canadá lo llevan practicando desde hace 100 años. Copiemos lo bueno. Es fundamental proteger al denunciante y al arrepentido”, dice.
“En nuestra cultura existe la corrupción, existe desde hace siglos”, prosigue, “y está extendida la idea que homologa al denunciante con el delator, con el chivato, cuando la obligación de todo funcionario público es cumplir la legalidad”.
Entre los trabajadores de la agencia se bromea sobre cuándo fue la primera vez que les intentaron corromper. “Es tan fácil encargarle a un funcionario la elaboración de un informe, de un estudio, al margen de su trabajo, sobre un asunto que tal vez ni existe y ofrecer por ello un buen dinero. En cuanto aceptas, esa empresa ya te ha cautivado”, apunta. También reciben consultas de empresarios sobre qué hacer cuando se ven entre la espada y la pared si no elevan el importe de las facturas si quieren acceder a un concurso público del que depende su supervivencia. La diferencia entre el coste y el precio final se queda en manos del corrupto.
La agencia ha recibido 187 denuncias de personas físicas o jurídicas solo en el primer trimestre de 2021. Primero, estudia el rigor y credibilidad de cada una, luego las investiga si es pertinente, emite un informe y, si ve indicios de delito, lleva el caso ante la Fiscalía o el juzgado. La Oficina Antifraude de Cataluña fue la primera entidad de este tipo creada en España. Luego llegaron la valenciana y la balear y ahora se están ultimando la andaluza y la de Castilla y León.
“En la lucha contra la corrupción nos jugamos mucho, como la legitimación de las instituciones democráticas y entre el 3% y el 5% del PIB en España, unos 65.000 millones de euros al año, según un estudio del Fondo Monetario Internacional. El gran triunfo de la corrupción es convencer de su normalidad a parte de la sociedad”, dice este abogado que no milita en ningún partido y fue propuesto para el cargo por tres entidades sociales. Echa de menos no poder dedicar más tiempo a su activismo ecologista.
En noviembre, la agencia celebrará el quinto aniversario de su constitución, tras una ley aprobada por las Cortes autonómicas.
España no se ha dotado en su estructura de una agencia nacional antifraude, como las existentes en Francia, Italia o Portugal. En 1995, se creó la Fiscalía Anticorrupción, cuya función es combatir los casos siempre de presuntos delitos, pero no dentro de las administraciones, donde se gesta la corrupción, apunta Llinares. España ha suscrito convenios internacionales que, tras ser aprobados por el Congreso, entran a formar parte del ordenamiento jurídico nacional. En este sentido, cita el convenio de Naciones Unidas sobre la indemnidad para los denunciantes o la convención de 2003, ratificada en 2006, sobre medidas de prevención y persecución del fraude.
“En 2006, ya había obligación de crear esas estructuras” que ahora el Gobierno español desarrolla a través de una orden del Ministerio de Hacienda del 29 de septiembre para poder acceder a las ayudas europeas para la recuperación de la crisis pandémica. “Llega un momento que van a llegar decenas de miles de millones de euros, y la Unión Europea reclama adoptar esas medidas y España no lo ha hecho. No solo España, pero hay países que van por delante de nosotros. Esa orden plantea que en 90 días se tiene que hacer lo que no se ha hecho en 14 años, lo cual no deja de ser una improvisación, aunque bienvenida sea”, afirma en una sala de la sede de la agencia en Valencia.
La entidad ha chocado con algunas demandas de los partidos, que se han convertido también en denunciantes. El PP, ahora en la oposición de la Generalitat valenciana, gobernada por el PSOE-Compromís y Unides Podem, pidió a la agencia el expediente de la investigación abierta sobre las ayudas para la promoción del valenciano a un hermano del presidente, el socialista Ximo Puig, y esta se negó. El Supremo amparó la petición de una diputada del grupo popular. “Mientras se investiga, la confidencialidad es sagrada, y aquí coincidimos con nuestros colegas nacionales e internacionales. El reglamento de las Cortes permite solicitar expedientes. La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo les dio la razón. Discrepo de esa sentencia, pero hemos cumplido. Somos respetuosos con las instituciones y somos los primeros en dar ejemplo”, incide.
Su tono aún se vuelve más firme de lo habitual cuando denuncia que el fin último de la corrupción “es minar y degradar las instituciones y por tanto, la democracia, y hay toda una acción para erosionarlas”. Solo se permite relajar el gesto cuando pondera “la cohesión del equipo” de la agencia antifraude y la comida sorpresa que le organizaron con motivo de su reciente cumpleaños, en la “que cada uno pagó lo suyo”, apostilla.
