Ni siquiera el largo fin de semana del Día del Trabajo, que se celebra el primer lunes de septiembre, ha dado un respiro al presidente Joe Biden. Su ambiciosa agenda reformista -el plan de infraestructuras sociales, de 3,5 billones de dólares (2,9 billones de euros); gemelo del plan de infraestructuras físicas ya encarrilado- sigue sin convencer a los demócratas moderados, que ponen zancadillas a su tramitación parlamentaria. Los nubarrones que la variante delta de la pandemia proyecta sobre la recuperación económica, y el fin de varios subsidios de desempleo, tampoco favorecen la intención del mandatario de potenciar su agenda doméstica para pasar definitivamente la página de Afganistán.
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El domingo, dos de los más fieles escuderos de Biden, su jefe de Gabinete, Ron Klain, y el consejero Cedric Richmond. Tuvieron que salir al paso de las amenazas del senador centrista Joe Manchin, contrario al paquete social por el previsible aumento del déficit. Manchin pidió un receso en la negociación y planteó dudas sobre el coste del plan, por el aumento fiscal a las rentas más altas. Ambos minimizaron la oposición de Manchin y se mostraron confiados en seguir remando juntos, a toda vela.
Las optimistas previsiones de la dirigencia demócrata -aprobar ambos proyectos antes del 1 de octubre- están en el aire. Demócratas y republicanos empatan a 50 escaños en el Senado y el voto de Manchin resulta crucial para sacar adelante, por el procedimiento de reconciliación -por mayoría simple, con el voto de calidad de la vicepresidenta Kamala Harris, a su vez presidenta del Senado-, el ambicioso programa de reformas sociales, que supondría la mayor ampliación de la cobertura social en país desde el programa de la Gran Sociedad de Lyndon B. Johnson en los sesenta. Aprobarlo por la vía ordinaria, filibusterismo mediante -que requiere una mayoría de 60 votos-, sería matemáticamente imposible.
La agenda doméstica había sido hasta ahora la principal baza de la presidencia de Biden, también la más venturosa: el consenso bipartidista para remozar, con 1,2 billones de dólares, las obsoletas infraestructuras del país parecía alumbrar una nueva forma de hacer política; la posibilidad palpable del consenso. Tras la atropellada retirada de Afganistán parecía también el refugio adecuado frente las críticas de los republicanos. Pero las diferencias dentro de su propio partido amenazan con complicar los planes de Biden.
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Los progresistas quieren que se vote antes el paquete social de 3,5 billones; los moderados, priorizar el de infraestructuras físicas. Compaginar ambos complicará sobremanera la agenda a ambas Cámaras, pues los legisladores continúan de vacaciones hasta finales de septiembre. Ni siquiera el intento de los republicanos de convocar una sesión de urgencia sobre la crisis afgana, la semana pasada, interrumpió su holganza. Así pues, los dos grandes planes se votarán a finales de septiembre, así como el presupuesto federal del Gobierno; si este no sale adelante, la Administración se verá abocada al cierre el 1 de octubre.
Además de la oposición interna y la de los republicanos, la coyuntura económica tampoco es propicia. En apenas dos meses, el sostenido repunte de la inflación, el frenazo a la creación de empleo en agosto y, sobre todo, las dudas que suscita la rampante oleada de la variante delta (más de 160.000 nuevos casos y 1.500 muertes al día, además de 100.000 hospitalizados) empañan las optimistas previsiones de la primavera. A ello se suma que desde este lunes 12 millones de estadounidenses se quedarán sin algún tipo de subsidio de desempleo.
Hoy expira el bono extra de 300 dólares semanales para 3,9 millones de parados previsto en el plan de rescate pandémico (1,9 billones de dólares), que el Congreso aprobó en marzo y había sido prorrogado dos veces. En conjunto, tres programas de ayuda al desempleo daban cobertura a 12 millones de estadounidenses, incluidos los autónomos de las grandes plataformas. Hasta este lunes.
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La fecha límite del Día del Trabajo no era además gratuita, sino una concesión a los demócratas más moderados, para que votaran a favor de las ayudas y sus prórrogas. Pero nadie contaba con que la creación de empleo -que hizo que 26 Estados retiraran parcial o totalmente esos subsidios a principios del verano, por supuestamente desincentivar la búsqueda de empleo- sufriera un parón en agosto, cuando país se encaminaba al pleno empleo (en julio, la tasa de paro fue del 5,2%).
Pese a su deseo de pasar página, Biden volverá a enfrentar el fantasma de Afganistán en la conmemoración, el sábado, del vigésimo aniversario de los atentados del 11 de septiembre. Ni siquiera en una ciudad demócrata hasta la médula como Nueva York tiene Biden garantizado un cerrado aplauso. Pese al gesto hacia las familias de las víctimas del 11S de desclasificar documentos secretos de la investigación. Mientras su índice de popularidad se resiente por el caos de la retirada afgana.
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La cada vez menos soterrada lucha entre las dos facciones de su partido no se limita además a la acción legislativa, sino que se amplía a cuestiones tales como la confirmación al frente de la Reserva Federal de Jerome Powell, cuyo mandato concluye en febrero. Mientras la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ha instado a Biden a apuntalar a Powell en un momento clave -la prevista retirada de estímulos, el salvavidas que mantuvo a flote la economía durante la pandemia-, progresistas como Alexandria Ocasio-Cortez se oponen a que Powell, que fue nombrado por Trump, repita. Mientras, el veterano Bernie Sanders, jefe de filas de la facción progresista, se ha lanzado al ruedo, ajeno a los enquistados debates partidistas, para glosar las ventajas de la colosal reforma social. La vieja política, la de los mítines y la persuasión personal, al rescate de un atribulado Biden.
