El comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Joel Hernández, sostiene que la solicitud presentada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en relación a la protección del destituido mandatario peruano, Pedro Castillo, debe pasar por un proceso técnico de revisión y luego deliberación. “Una medida cautelar se puede revisar en un mes, no necesariamente otorgar”, aclara en una entrevista realizada este martes en un hotel de Santiago de Chile, previo al cuestionamiento de Petro al rol del organismo en el caso peruano.
En su tercera visita a Chile en el año, Hernández, relator para Columna Digital sudamericano de la CIDH, sigue junto al Gobierno de Gabriel Boric los avances en materia de derechos humanos vinculados al estallido social de 2019.
Pregunta. Con vistas a 2023, ¿cuáles son los principales desafíos que tiene América Latina?
Respuesta. Democracia y derechos humanos. Los avances se ponen en riesgo cuando existen retrocesos a la institucionalidad democrática, cuando vemos que los poderes públicos pierden su independencia o su imparcialidad y ceden frente a poderes fácticos de un Estado.
P. ¿Qué países de la región están viendo amenazada su institucionalidad democrática?
R. Venimos de una situación muy reciente en Perú. La comisión ha observado, de antes, unos procedimientos constitucionales que permiten una vacancia del Poder Ejecutivo que ponen en riesgo la gobernabilidad del país. Son estos últimos intentos de vacancia, del que es objeto el expresidente Castillo, lo que puso al país en una situación de quiebre. La exhortación que hemos hecho es que todos los actores políticos lleguen al diálogo, primero para estabilizar la situación, pero luego para instalar un régimen institucional sólido, que permita la gobernabilidad.
P. ¿La CIDH le responderá al presidente colombiano Gustavo Petro a su solicitud de medidas cautelares para Castillo?
R. Toda solicitud que llega a la comisión pasa por un examen para saber si se cumplen los requisitos reglamentarios, que son situaciones de urgencia, gravedad y reparabilidad. A partir de ahí determinamos si los derechos de una persona se encuentran en una situación de riesgo. Por ahora, solo hemos leído un mensaje del presidente Petro en Twitter. Por lo tanto, no tengo una respuesta a esa pregunta.
P. También la defensa de Castillo demandó al Estado peruano ante la CIDH por considerar que su detención fue arbitraria
R. Son distintos procedimientos. Uno es el de las medidas cautelares y otro son las peticiones para la reparación de violaciones a los derechos humanos. Aquí hay que tener en cuenta dos cosas: una, es el carácter complementario del sistema interamericano de derechos humanos. La responsabilidad primaria de atender a la violación a los derechos humanos compete al Estado. Solo cuando han sido agotadas las instancias internas, un caso pasa a un proceso en nuestro sistema, donde el Estado tiene derecho a la defensa, hay un principio de contradicción entre las partes, se sigue el principio de igualdad. Habrá que ver cuál es la petición exacta de la abogada del expresidente Castillo para poder determinar su procedencia.
P. ¿De qué plazos estamos hablando?
R. Hoy, las solicitudes de medidas cautelares se atienden rápidamente. Se pueden revisar en un mes -no necesariamente otorgar- y a partir de ahí la comisión ve si procede o no a una medida cautelar. No podría dar una fecha exacta, pero podría ser entre uno a seis meses.
P. En una semana los muertos en las protestas se acercan a la decena, ¿cuán preocupados están por la situación?
R. Son dos temas que llaman nuestra atención. El primero es salvaguardar el derecho que tienen las personas a la protesta pacífica. Al igual que ha sucedido en muchas partes, la gente ejerce su derecho a la protesta saliendo a las calles y es necesario respetar y garantizar ese derecho. Lo segundo es el llamado al diálogo político de todos los actores involucrados para que den una solución sostenible a lo largo del tiempo.
P. ¿En qué otros países está puesta su atención?
R. Hemos observado desde el año pasado con preocupación la situación de jueces y fiscales en Guatemala. Alrededor de 30 han salido al exilio al ser objeto de acusaciones de índole penal en razón del trabajo que realizan. Es un tema de suma preocupación para la comisión porque en este caso se está usando el poder punitivo del Estado para castigar a operadores de justicia que están haciendo su trabajo de manera independiente.
P. Su visita a Chile se debe al estallido social de 2019 ¿cuánto ha avanzado el gobierno de Gabriel Boric en las reparaciones a las víctimas de violaciones de derechos humanos?
R. No tengo la respuesta. Precisamente lo que vinimos a hacer es suscribir un mecanismo conjunto para dar seguimiento a las recomendaciones de la CIDH sobre el estallido y uno de los puntos es la reparación a las víctimas. Conforme al programa suscrito, la CIDH necesita hacer un mapeo de las medidas adoptadas para que, a partir de ahí, hagamos una evaluación de lo que hace falta y seguir impulsando las reparaciones.
P. ¿Por qué se habla de un mecanismo “inédito”?
R. Es la primera vez que vamos a hacer un seguimiento de manera conjunta con el Estado, lo que tiene dos implicancias: el Estado chileno hace suyas las 60 recomendaciones de la CIDH y vamos a poder establecer metas en el tiempo, calendarizarlas con indicadores de cumplimiento, lo que va a dar un impulso para ver los avances.
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