Jordi Cuixart es un verso libre en la causa del procés. El expresidente de Òmnium Cultural ha marcado perfil propio a lo largo del itinerario judicial que desembocó en la condena a penas de entre 9 y 13 años de cárcel para nueve líderes independentistas por el referéndum ilegal del 1-O. Ahora que llega el momento de revisar esa sentencia gracias a la reforma legal aprobada por el Gobierno —con la derogación del delito de sedición y reforma del de malversación—, Cuixart ha elaborado también su propia estrategia, diferenciada de la de sus compañeros. Mientras los demás condenados solicitarán al Tribunal Supremo la absolución, el exlíder de Òmnium y empresario permanecerá en silencio y no pedirá absolutamente nada a la justicia española: su batalla, argumenta, está en los tribunales europeos.
La entrada en vigor, el pasado jueves, de la reforma del Código Penal que suprime el delito de sedición —por el que fueron condenados los nueve líderes soberanistas— había provocado, en las últimas semanas, conversaciones entre los abogados de la defensa. Conscientes de que el Tribunal Supremo abriría de oficio un expediente de revisión de sentencia y daría traslado a las partes —lo hizo nada más entrar en vigor la norma—, casi todos convinieron en que debía seguirse una estrategia: solicitar al tribunal la absolución completa, no solo de las penas de prisión, sino también de las de inhabilitación, de manera que los dirigentes políticos que lo deseen puedan presentarse pronto a una convocatoria electoral. Es un planteamiento de máximos. Solo uno de los condenados se negó a seguir esa vía: Cuixart.
El desmarque no es algo nuevo. Jordi Cuixart y Jordi Sànchez —expresidente de la Assemblea Nacional Catalana y ahora dirigente de Junts per Catalunya— ingresaron en prisión provisional a mediados de octubre de 2017, dos semanas después del referéndum, por los incidentes durante la jornada del 20 de septiembre frente al Departamento de Economía, en Barcelona. Desde la cárcel de Soto del Real (Madrid), Cuixart acordó con sus abogados cómo iban a plantear el proceso: se enfrentaban, concluyeron, a un juicio estrictamente político. Frente a las defensas técnicas o mixtas de sus compañeros —que emplearon también argumentos jurídicos para sortear los cargos en su contra—, la estrategia de Cuixart y de Òmnium Cultural pasaba por convertir la vista oral, retransmitida en directo, en un juicio al Estado.
En el juicio, Cuixart llegó a desdecirse de su declaración ante el juez instructor del procés, Pablo Llarena, hecha bajo el “impacto emocional” de la cárcel y la necesidad de salir para cuidar de su hijo recién nacido. Se presentó netamente como un “un preso político y no un político preso” y empleó el derecho a la última palabra para decir que no se arrepentía de nada y que seguiría luchando por el derecho a la autodeterminación. “Todo lo que hice, lo volvería a hacer porque estoy convencido de que es lo que tenía que hacer”.
Cuixart fue condenado por sedición (no por malversación, puesto que no tenía responsabilidades sobre el gasto público) a nueve años de cárcel. Ingresó, como el resto de sus compañeros, en prisión. Cuando un nuevo tiempo político dio lugar a cierta pacificación y empezó a hablarse incluso de la posibilidad de que el Gobierno concediera el indulto parcial a los condenados —como así sucedió—, Cuixart se desmarcó. El Supremo pidió a los condenados que se pronunciaran sobre las peticiones de indulto remitidas al Ministerio de Justicia. Cuixart contestó de forma tajante: “¿Qué se han creído? No aceptaremos ninguna humillación. Ni arrepentimiento, ni indulto. Lo hemos dicho en el Supremo, en la calle y en todo el mundo: la defensa de la democracia no admite chantajes”.
Su silencio no impidió que, llegado el momento, se beneficiase como los demás de un indulto que le permitió abandonar la cárcel de Lledoners. Lo mismo ocurrirá ahora en el caso de una absolución. El pasado verano, Cuixart anunció que se trasladaba a Suiza con su familia. Su empresa de embalaje ha abierto un centro de innovación allí, cerca de las multinacionales farmacéuticas a las que da servicio. Desde ese lugar, Cuixart sigue peleando por que la justicia europea le dé la razón. Confía en que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) acabe condenando a España por vulneración de derechos fundamentales como el de manifestación. El empresario continúa vinculado a Òmnium —cuya presidencia abandonó hace un año— y, de hecho, lidera la acción internacional del organismo a través de Omnium Civil Rights Europe.
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