Avanza el caso contra el general José Rodríguez en el marco del caso Ayotzinapa, aunque no por las graves acusaciones verbalizadas en las últimas semanas por el Gobierno. Este miércoles, un juez federal, con sede en Toluca, Estado de México, ha mandado al general a prisión preventiva por un delito de delincuencia organizada, esto es, por su presunta colaboración con el grupo criminal Guerrero Unidos. La Fiscalía General de la República (FGR) había acusado además al mando militar de desaparición forzada, delito, este sí, vinculado al ataque contra los estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014. No está claro si el juez ha desestimado esta acusación o la Fiscalía la ha retirado a última hora.
De cualquier manera, el futuro pinta oscuro para el general. Hace tres semanas, el Gobierno mexicano acusó al mando, ya retirado, de ordenar el asesinato de seis de los 43 normalistas desaparecidos. El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, dijo que Rodríguez, entonces comandante del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, ordenó matar a los muchachos, mantenidos cautivos durante días después del ataque. La información que presentó Encinas, basada en testimonios y capturas de pantalla de mensajes enviados por la red criminal de la región, no constaba todavía en el expediente del caso que ha armado la Fiscalía. La agencia investigadora aún no ha presentado acusación alguna contra Rodríguez por homicidio.
El caso del general muestra, por un lado, el avance en una de las investigaciones penales más importantes del México contemporáneo, pero también las tiranteces al interior del Estado y sus instituciones. El 19 de agosto, la FGR informó de que un juez le había concedido 83 órdenes de detención en el marco del caso Ayotzinapa, 20 de ellas contra militares. Uno de ellos era Rodríguez. La dependencia no ha vuelto a informar del caso, pero la semana pasada, el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, mencionó de pasada la detención del general y otros dos militares, además de la ejecución de la orden de captura contra un tercero, que ya estaba preso. “Hay cuatro órdenes de aprehensión”, dijo el funcionario. La duda ahora es qué ocurre con el resto, con los otros 16 militares que la FGR dijo que buscaba, por delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada.
Todo son novedades estos días en el caso Ayotzinapa. También este miércoles, otro juzgado, con sede en Tamaulipas, ha absuelto a 24 policías de Iguala y Cocula del intento de asesinato del normalista Aldo Gutiérrez, herido de bala durante el ataque, presuntamente a mano de los agentes. Gutiérrez quedó en coma y no ha vuelto a despertar. La acusación contra los policías estuvo a cargo de la vieja Procuraduría General de la República (PGR). Los abogados de las familias de los 43 estudian cuántos de los 24 enfrentan otros procesos y cuántos podrían salir de prisión.
La semana pasada, el mismo juzgado de Tamaulipas absolvió de un delito de secuestro a José Luis Abarca, alcalde de Iguala en la época. La vieja PGR le acusaba del secuestro de los 43. La comisión presidencial que investiga el caso, a cargo del subsecretario Encinas, señala a Abarca como uno de los máximos responsables del ataque contra los estudiantes. Preso desde 2015, Abarca no saldrá de prisión. El exalcalde enfrenta otros procesos por asesinato y delincuencia organizada.
Respecto al caso del general, sus abogados, Alejandro Robledo y César González, han confirmado a Columna Digital la decisión del juez. Ambos han criticado que no han podido acceder al expediente y que no saben exactamente en qué basa la Fiscalía la acusación de delincuencia organizada contra el mando militar. Dicen que el testimonio del testigo protegido Juan, alias que le dio la FGR a Gildardo López, parte de la red de Guerreros Unidos, es la base de la acusación contra su cliente, pero podría haber más.
“En la lectura de la acusación que se hizo en el juzgado, el jueves pasado, ellos dijeron solo lo que pensaron que nosotros debíamos conocer”, dicen los abogados. “Presentamos un escrito para que nos permitieran acceso a la totalidad de las constancias, al expediente, pero se nos ha negado. Son 70 tomos, pero claro, esperábamos es que nos dieran acceso a todas las constancias, al expediente. No hemos visto ni la orden de detención, ni el pliego de consignación, bajo el argumento de que está bajo sigilo”, añaden, este último en referencia al documento donde la Fiscalía detalla la acusación. “Pero todo esto es un delito contra la administración de justicia porque no permiten ejercer derecho a la defensa”, zanjan.
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