Han pasado ya seis meses desde que Haití se sacudió con el magnicidio del presidente Jovenel Moïse y las investigaciones sobre los autores intelectuales del atentado parecen haber caído en un fango. La isla sigue sumida en la delincuencia y comenzó el 2022 con otro intento de magnicidio: el primer ministro, Ariel Henry, sufrió un ataque con disparos —del que salió ileso— cuando salía de una misa en la Catedral de Gonaïves, a 100 kilómetros de Puerto Príncipe.
Para los 19 exmilitares colombianos que fueron capturados por su supuesta participación en el asesinato de Möise también está detenido el tiempo. Así lo aseguran los familiares del grupo de mercenarios que, según la fiscalía haitiana, fue contratado por la empresa CTU Security e ingresó el 7 de julio a la mansión del mandatario donde le asesinaron. “Se nos van a morir en esa cárcel. Están mal de salud, desnutridos, con diarrea y tuberculosis”, dijo Nataly Andrade, esposa de coronel en retiro Giovanny Guerrero. Andrade viajó a la isla para llevarles ropa y comida y denuncia que siguen sin abogados.
De los 22 ex militares ‘involucrados’ solo viven 19
Del grupo original de 22 exmilitares que viajó a Haití, tres murieron a manos de la Policía haitiana. A seis meses del asesinato, aún no han sido repatriados sus cadáveres. “Yo viajé a hacer el reconocimiento de mi hermano. Pero aún no nos dicen cuándo los van a entregar”, dijo Yenny Capador, familiar del sargento Duberney Capador, quien supuestamente lideraba el grupo de mercenarios y acabó muerto.
El caso del el exsoldado Mario Palacios, que huyó hacia Jamaica y estuvo detenido allí, también es confuso. El Gobierno de ese país ordenó su extradición a Colombia este lunes, pero fue detenido al hacer escala en Panamá. De acuerdo con la Fundación para la Defensa de la Fuerza Pública y sus Familias (Funderef), que asesora legalmente a estos exmilitares, es requerido por Estados Unidos, país de origen de CTU Security —la empresa que los contrató y de donde procedían las armas que usaron.
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La orden de no enviarlo a Haití sino a Bogotá fue del Tribunal Superior de Jamaica, lo que ha generado críticas en el país donde se produjo el crimen por la lentitud de la investigación. “El Gobierno haitiano no ha proporcionado pruebas suficientes para establecer la participación del mercenario en el asesinato del presidente Jovenel Moïse”, dijo en Twitter Claude Joseph, el ex primer ministro de la isla.

Joseph aseguró que era un “duro golpe para la investigación” y que, a pesar de contar con la colaboración de las autoridades colombianas, “el equipo actual no ha realizado ningún seguimiento”. “No hay voluntad política para avanzar en la investigación del asesinato de Jovenel Moïse”, denunció el político haitiano. Según The New York Times, el presidente de Haití fue asesinado por intentar enviar a EE UU una lista de personas vinculadas al narcotráfico.
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