Un tribunal militar israelí en Cisjordania ha retrasado este miércoles el juicio recién iniciado de la cooperante española Juana Ruiz Sánchez, de 62 años, hasta el 7 de julio. La decisión sobre el proceso de la trabajadora humanitaria, que fue detenida el 13 de abril, se acordó después de que su abogada, la letrada israelí Gabi Lasky, impugnara un procedimiento que le ha impedido visitar por primera vez a su cliente hasta la víspera del la vista, a pesar de que la Fiscalía militar formuló la acusación de financiación de terrorismo el pasado 6 de mayo,
Después de permanecer detenida sin cargos durante cerca de un mes y de ser acusada finalmente de pertenencia a una “organización ilegal” que desvió fondos de la cooperación internacional a un grupo palestino calificado como terrorista, Juana Ruiz había visto restringido su derecho a la defensa, según advirtió su abogada, especializada en la defensa de los denominados “casos de seguridad” en los territorios palestinos. La letrada Lasky tuvo acceso al sumario instruido por la justicia militar sobre la base e investigaciones e interrogatorios efectuados por el Shin Bet (servicio de inteligencia interno), pero hasta el último momento no había podido compartir su contenido con la cooperante española.
La primera visita ante el tribunal militar de Ofer (en Cisjordania, 20 kilómetros al norte de Jerusalén) se desarrolló con brevedad ante la petición presentada por la abogada, según precisaron fuentes diplomáticas informadas de la asistencia consular española en el juicio a la trabajadora humanitaria. Una fuente diplomática europea conocedora del caso lamentó que el forzado aplazamiento vaya a prolongar la duración del proceso y la permanencia en prisión de la ciudadana española, sobre todo después de que la justicia militar denegara en mayo una petición para que pudiera permanecer en libertad o bajo arresto domiciliario a la espera de juicio.
Juana Ruiz está internada actualmente en una cárcel del norte de Israel, donde ya no se encuentra sometida a régimen de aislamiento en una celda, situación que se prolongó cerca de un mes en un penal próximo a Tel Aviv, y puede relacionarse con otros reclusos. Su situación ha mejorado, aseguran las fuentes diplomáticas consultadas, después de haber podido recibir pertenencias personales enviadas por su familia por vía de la asistencia consular.
La abogada de la cooperante ha señalado que los cargos que caen en su contra guardan relación con su trabajo desde hace décadas con la ONG palestina Comités de Trabajo para la Salud (CTS), que Israel ha calificado recientemente de “organización ilegal”. Fuerzas militares irrumpieron en marzo en la sede central de esta asociación sanitaria en Ramala, donde practicaron detenciones y se incautaron de archivos y registros informáticos.
Afincada en Palestina desde 1984, Juana Ruiz coordina en el seno de CTS la cooperación de asociaciones y entidades españolas en materia de salud en Cisjordania y la franja de Gaza. Está casada con un farmacéutico palestino formado en España y vive en Beit Sahur, en la provincia de Belén, donde fue arrestada en la madrugada del 13 de abril por una veintena de soldados.
Como residente en Cisjordania —territorio palestino ocupado por Israel desde 1967—, ha sido sometida a la jurisdicción militar, que permite la detención hasta 75 días sin necesidad de presentar cargos. Los investigadores del Shin Bet sostienen que la trabajadora humanitaria española —citada en la prensa hebrea como Juani Rashmawi, por su apellido de casada— participó en una red para “introducir ilegalmente fondos en los territorios palestinos” que fueron desviados hacia el Frente Popular de Liberación de Palestina (FPLP), grupo considerado terrorista por Israel y la Unión Europea, “mediante fraude, falsificación y engaño” a los donantes de países europeos.
Observadores jurídicos y diplomáticos que han seguido de cerca su caso sostienen que no se han respetado las garantías procesales mínimas, y que Israel incumplió la Convención de Viena sobre asistencia consular, ya que la detención de Juana Ruiz no fue comunicada desde el primer momento a las autoridades españolas.
En un comunicado difundido por la campaña de solidaridad con la cooperante, organizaciones españolas que trabajan en la cooperación con Palestina han denunciado que los cargos presentados contra Juana Ruiz son “inconcebibles”. “La cooperación española es extremadamente garantista”, sostienen, y está sometida a sucesivas auditorías de control de gestión y presupuestarias. La Oficina del Portavoz de las Fuerzas Armadas de Israel no ha contestado a la petición de Columna Digital para conocer su versión sobre este caso.
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