Un juez federal de distrito en Massachusetts, Leo Sorokin, anuló recientemente una controvertida tasa de 100,000 dólares impuesta a las visas H-1B, una medida adoptada por la administración Trump en septiembre de 2025. Este incremento, que en la práctica se traducía en un importante obstáculo para los trabajadores extranjeros altamente cualificados, fue considerado por el juez como un impuesto ilegal, al no contar con la autorización necesaria del Congreso.
La demanda que llevó a la anulación de esta tasa fue presentada por 20 fiscales generales estatales demócratas, quienes argumentaron que dicha medida buscaba restringir de manera ilegítima la entrada de trabajadores al país. Bajo el programa H-1B, que tradicionalmente ha asignado 65,000 visas anuales, así como 20,000 adicionales para profesionales con posgrados, los empleadores solían pagar entre 2,000 y 5,000 dólares por la obtención de cada visa. Sin embargo, el nuevo costo propuesto por Trump se tradujo en un descenso significativo en las solicitudes, con tan solo 85 pagos registrados a la fecha del 15 de febrero de 2026.
Los defensores de la tasa argumentaron que se trataba de una sanción diseñada para controlar la entrada de ciertos ciudadanos extranjeros, una afirmación que, según Sorokin, no se sostenía. En su dictamen, el juez enfatizó que, a pesar de la nomenclatura utilizada, el cobro de 100,000 dólares constituía un impuesto que excedía la autoridad presidencial, destacando que los poderes del ejecutivo están limitados cuando se trata de imponer tasas monetarias.
La reacción de la administración Trump a esta decisión judicial aún no ha recibido respuesta pública. Sin embargo, la anulación de esta tasa representa un paso significativo en la lucha por la defensa de políticas de inmigración que faciliten la llegada de profesionales altamente cualificados a Estados Unidos.
A medida que se desarrolla esta situación, el futuro del programa H-1B y del entorno de inmigración estadounidense continúa siendo un tema de intenso debate, con implicaciones profundas para el mercado laboral y la economía del país. Con este juicio, se abre un nuevo capítulo en la regulación de visas, un tema que continuará captando la atención de líderes políticos y empresariales en los próximos meses.
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