El Juzgado Primero de Distrito del Estado de Yucatán se enfrenta a un desafío crucial al evaluar la devastación ambiental ocasionada por el Tren Maya, reconocimiento que ha sido admitido por el gobierno federal. Este 4 de junio se llevará a cabo una audiencia que marca un hito: será la primera vez que el Poder Judicial se atreve a entrar en un análisis profundo, basándose en pruebas documentadas por un grupo de 15 científicos expertos. Estos evidencian las violaciones a los derechos humanos de los habitantes del sureste, que están sufriendo las consecuencias de la destrucción de la selva, la contaminación de los cenotes y la fragmentación de la vida silvestre.
Según Viridiana Maldonado, abogada del caso, aunque se han presentado cerca de 50 amparos desde el inicio del proyecto, el Poder Judicial nunca había abordado el asunto en su fondo. Si se admite el análisis de fondo, se expondrán testimonios que indican el desacato del gobierno a las leyes ambientales, advirtiendo que el avance del Tren Maya aumenta la deforestación de manera alarmante.
Los estudios realizados sugieren que, si no se implementan medidas de mitigación y restauración, el 20% de la cobertura natural de la región podría desaparecer hacia 2050. Luis Zambrano, doctor en Ecología, ha señalado que la violación sistemática de la ley desde el poder puede tener efectos catastróficos, ya que la naturaleza carece de defensas efectivas ante tales abusos.
Entre las proyecciones de los daños, destaca la posible disminución de la calidad del hábitat en el sureste, un indicador vital para la supervivencia de la flora y fauna. Sin el Tren Maya, el 84% de la Península de Yucatán presenta un riesgo “muy bajo” de degradación; sin embargo, el desarrollo de esta obra, que se ha acompañado de una expansión urbana sin precedentes, puede llevar al 83% de la zona a un estado de riesgo alto o muy alto.
La legislación ambiental en México es robusta, pero su aplicación ha estado subordinada a intereses políticos y económicos que han propiciado un “boom” inmobiliario en la región. Durante la construcción del tren, el gobierno, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ignoró órdenes judiciales que exigían la suspensión de las obras hasta que se presentaran y evaluaran los estudios ambientales pertinentes.
Aunque varios amparos han logrado suspensiones definitivas, la construcción del Tren Maya ha resultado en la contaminación de cenotes y la deforestación masiva de las áreas selváticas. Esto pone en peligro a especies como jaguares y pumas, además de amenazar a animales endémicos como el tapir y el pecarí.
Las pruebas científicas recabadas por los especialistas analizan también el impacto en procesos ecológicos cruciales, como la dispersión de semillas y la polinización. La extinción de murciélagos y aves insectívoras, por ejemplo, podría provocar un aumento en la población de plagas, mientras que la fragmentación del hábitat disminuiría la capacidad de captura de carbono, exacerbando así las emisiones de gases de efecto invernadero.
Este contexto resalta la urgencia de una reflexión seria sobre el futuro del desarrollo sustentable en el sureste de México, especialmente en un proyecto tan controvertido como el Tren Maya. La audiencia del 4 de junio podría ser un parteaguas en las decisiones que se tomen respecto a la protección del medio ambiente y de las comunidades que dependen de él.
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