Un nuevo revés para los derechos de los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos ha sido confirmado este viernes, tras la decisión de un juez federal que valida la creación de un registro obligatorio promovido por la Administración Trump. La medida, anunciada en febrero, obliga a todos los inmigrantes sin estatus legal a inscribirse en una base de datos oficial, bajo amenaza de multas o incluso cárcel. Esta disposición ha sido duramente criticada por organizaciones defensoras de derechos humanos, que consideran la iniciativa como una forma encubierta de persecución y hostigamiento.
El fallo provino del juez Trevor Neil McFadden, miembro del tribunal de Distrito en Washington D. C., quien fue nominado al cargo en 2017 por el entonces presidente Donald Trump. McFadden es conocido por otras decisiones polémicas, como la reciente orden a la Casa Blanca para readmitir a periodistas de Associated Press que fueron vetados por no usar el término “Golfo de América” en lugar de “Golfo de México”.
El Gobierno federal argumentó que el nuevo registro se ampara legalmente en la Ley de Inmigración y Nacionalidad, específicamente en la sección 262 del Título 8 del Código de los Estados Unidos. Esta disposición, introducida en los años 40 y modificada en 1952, había estado prácticamente en desuso desde entonces. Solo se empleó de forma limitada tras los ataques del 11 de septiembre, cuando se requirió a hombres mayores de 16 años provenientes de 25 países árabes o musulmanes entregar su información. Ese registro derivó en la deportación de más de 13.000 personas y fue eliminado en 2016. Trump ha resucitado ahora este mecanismo mediante una orden ejecutiva firmada al inicio de su segunda presidencia.
Con esta decisión judicial, a partir del 11 de abril, toda persona no ciudadana que haya permanecido más de 30 días en Estados Unidos, y cualquier inmigrante indocumentado mayor de 14 años, deberá registrarse oficialmente. El procedimiento incluye una cita para que las autoridades tomen las huellas dactilares del individuo, a menos que éste ya cuente con una visa, una green card, beneficios de parole, o sea un refugiado o asilado. Incluso ciudadanos canadienses que excedan la permanencia de un mes estarán sujetos a este requisito.
Las autoridades indicaron que, una vez completado el registro, se entregará un comprobante que los mayores de 18 años deberán portar en todo momento. El incumplimiento puede acarrear sanciones que van desde una multa de 5.000 dólares hasta seis meses de prisión, lo que ha generado preocupación entre comunidades de inmigrantes y defensores de sus derechos.
Organizaciones como el Centro Legal de Inmigración advierten que el uso de este tipo de registros ha sido históricamente peligroso, al ser utilizado como herramienta de control y deportación. Apuntarse al sistema podría representar un riesgo directo de detención y remoción del país para miles de personas.
El American Immigration Council, Make the Road New York y CHIRLA son algunas de las organizaciones que interpusieron una demanda a principios de mes contra el Gobierno, buscando frenar la medida. Alegan que esta política busca forzar la autodeportación y facilitar redadas masivas, en un intento deliberado de crear un ambiente de miedo y presión constante sobre los inmigrantes sin estatus.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó públicamente que uno de los propósitos del registro es precisamente incentivar la salida voluntaria del país por parte de quienes no cuenten con la documentación adecuada. La controversia está servida y el impacto de la medida, tanto legal como humano, apenas comienza a sentirse.
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