El juez José Ignacio Vilaplana, del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, investiga la compra de parcelas e instalaciones industriales por parte de la Junta de Andalucía, bajo gobiernos del PSOE, por un total de 85 millones de euros entre 2008 y 2010. Las operaciones se realizaron a través de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), que adquirió terrenos a Santana Motor SA, una empresa de la que era la única accionista desde 19951.
El caso se centra en la adquisición de inmuebles que, en la práctica, ya pertenecían a la propia Junta, y en la inyección de fondos públicos a una empresa en declive. La investigación incluye a 18 ex altos cargos del PSOE, así como a ejecutivos de Santana Motor y de la agencia IDEA1.
Detalles de las operaciones investigadas
Entre 2008 y 2010, la Agencia IDEA desembolsó 84.998.874 euros para comprar fincas e instalaciones a Santana Motor SA, empresa de la que era propietaria absoluta desde 1995. El juez Vilaplana considera que estas operaciones no fueron simples reorganizaciones patrimoniales, sino maniobras de ingeniería financiera para inyectar dinero público a Santana Motor, que atravesaba graves dificultades económicas1.
La investigación judicial señala que las compraventas tuvieron escasa o nula utilidad económica, ya que IDEA ya era la verdadera titular de los inmuebles. Además, la Brigada Provincial de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional de Sevilla advirtió que algunos pagos se realizaron sin autorización legal1.
Imputados y líneas de investigación
En la causa figuran como investigados 18 ex altos cargos del PSOE en la Junta de Andalucía, incluyendo al exconsejero de Economía, Innovación y Ciencia, Antonio Ávila Cano, por el presunto desvío de ayudas destinadas a unos 750 extrabajadores de Santana Motor dentro del Plan Linares Futuro1.
En la rama inmobiliaria, están imputados tres ex ejecutivos de Santana Motor y cinco ex cargos autonómicos, entre ellos dos ex directores generales de IDEA y un ex presidente de Santana Motor. El juez investiga posibles delitos de prevaricación administrativa y malversación cometidos en la autorización y firma de las compras1.
Consecuencias económicas y contexto
El informe de cuentas anuales de IDEA de 2015 reveló que los terrenos adquiridos a Santana Motor se depreciaron 11,49 millones de euros en pocos años. Entre 2008 y 2011, el perjuicio para el erario público por el préstamo para el vehículo Massif y la adquisición de fincas ascendió a 121.104.418 euros1.
A pesar de las inyecciones de fondos, Santana Motor cerró en febrero de 2011.
Por qué importa en España
La investigación sobre el uso de fondos públicos en la Junta de Andalucía afecta a quienes siguen la gestión pública y los casos de corrupción en España, especialmente en Andalucía. El caso pone el foco en la administración de recursos públicos bajo gobiernos socialistas y en la responsabilidad de ex altos cargos en operaciones que generaron un importante quebranto económico1.
Nota de la Redacción: esta nota se basa en la información disponible al publicarla y se actualizará si otras fuentes aportan más datos.
Fuentes
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Datos basados en información reportada originalmente por ABC.
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