El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, permanecerá en prisión tras la decisión de la jueza federal Ángela Zamorano Herrera, quien denegó su solicitud de salida anticipada. Duarte había argumentado que ya había cumplido más del 70% de su condena de nueve años, impuesta en 2018 por millonarios desvíos de recursos públicos. Sin embargo, la jueza determinó que no satisface todos los requisitos legales para recibir este beneficio, dado que aún enfrenta otros cargos, incluida la presunta obstrucción de una investigación relacionada con desapariciones forzadas.
Durante las últimas semanas, la defensa de Duarte ha intentado demostrar que su situación carcelaria es favorable, entre otros motivos, debido al tiempo que ha pasado en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México. No obstante, la jueza consideró que los privilegios que ha recibido, como el acceso a celulares y la realización de fiestas, contravienen las normas penitenciarias. Estos aspectos han complicado su solicitud, al evidenciar un trato preferencial que se aleja de lo estipulado por la ley.
Duarte gobernó Veracruz entre 2010 y 2016, en un período marcado por la polémica. Su administración se asocia a un aumento alarmante de la violencia, la expansión del crimen organizado y una sistemática agresión hacia los medios de comunicación, con el asesinato de 17 periodistas durante su mandato. Además de sus implicaciones legales actuales, su administración enfrenta severas críticas por el uso indebido de recursos públicos y diversos fraudes.
Pese a la decisión judicial, la defensa de Duarte ha anunciado su intención de apelar, buscando que se le permita salir antes de finalizar su condena, programada para abril del próximo año. Esta situación continúa generando un amplio interés y debate en la esfera pública, donde el legado de Duarte sigue siendo un tema candente, no solo por su impacto en la política veracruzana, sino también por los ecos de corrupción y violencia que persisten en el estado.
Por lo tanto, mientras Duarte permanece tras las rejas, las repercusiones de su gestión y los casos legales abiertos en su contra hacen evidente que el camino hacia su posible libertad anticipada presenta importantes obstáculos. La atención en su caso no únicamente refleja las luchas por la justicia en México, sino también la lucha de una sociedad que aún busca respuestas y reparaciones ante las injusticias del pasado.
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