Los plebiscitos han sido una de las herramientas favoritas de Andrés Manuel López Obrador. “Vamos a preguntarle a los mexicanos”, ha repetido el presidente para temas tan diversos como la construcción dos trenes, una refinería, la viabilidad de 10 programas sociales o la marcha atrás de un nuevo aeropuerto. La próxima cita será el 1 de agosto con la polémica consulta para investigar a los expresidentes mexicanos.
Por fondo y forma, se trata de la iniciativa de mayor calado en lo que va de sexenio. Ha sido un camino largo y lleno de curvas, con cambios de fecha, de pregunta y el enésimo frente abierto con Instituto Nacional Electoral (INE). El resultado es una consulta plagada de dudas, con una pregunta extremadamente ambigua que abre la puerta a un abanico de interpretaciones y diferentes usos políticos de los resultados que amenazan con desnaturalizar cualquier efecto jurídico.
Los primeros reveses
A diferencia de las otros plebiscitos celebrados durante el sexenio, consultas informales y organizadas por fuera de la legislación, esta será la primera vez que se cumplen los requisitos establecidos por la Constitución con el objetivo de que la decisión sea vinculante. El anuncio de la iniciativa se remonta a noviembre de 2018, antes incluso de tomar posesión del cargo, momento en que López Obrador apuntó directamente a la posibilidad de “que se juzgue” a los cinco expresidentes anteriores: Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Tras el pistoletazo de salida, la propuesta fue mutando por el camino hasta cumplir los requisitos legales.
