Francisco Nicolás Gómez Iglesias, alias El Pequeño Nicolás, no se ha movido este lunes ni un milímetro de su estrategia de defensa. Sentado por cuarta vez en el banquillo de los acusados —en esta ocasión, por intentar estafar presuntamente a un empresario y a su esposa para quedarse con 500.000 euros—, el veinteañero se ha presentado ante el tribunal como un “joven inmaduro” que solo quería “tirarse el pisto” ante la “gente muy importante” entre la que se movía. Un chico que, según repite, sufre un trastorno de la personalidad con rasgos narcisistas y que quería “creerse algo”, pero que no infringió la ley y que no trató de timar a sus presuntas víctimas. Una tesis que la Fiscalía no le compra: “Se hicieron muchos engaños”, ha destacado el ministerio público, que pide para él una nueva pena de seis años de prisión por estafa, usurpación de funciones y falsedad documental.
La tercera y última sesión de este cuarto juicio ha servido para escuchar finalmente la versión de El Pequeño Nicolás, al que el tribunal permitió declarar sobre la presunta estafa después de que lo hicieran todos los testigos. A continuación, en su turno de conclusiones, las acusaciones han puesto sobre la mesa toda la batería de pruebas que acorralan a Gómez Iglesias, de 28 años: documentación falsa intervenida con membretes de la Casa Real o el Gobierno de España; vigilancias de la Policía que detectaron el uso de rotativos luminosos para abrirse paso entre el tráfico con coches de alta gama; o la declaración del director del banco del empresario: “Me dijo que era agente del CNI”.
La Fiscalía, la Abogacía del Estado y Podemos, personado como acusación popular, mantienen que el procesado contactó en octubre de 2014, días antes de su detención, con el empresario Francisco Javier Martínez de la Hidalga, ante el que se “hizo pasar por miembro del equipo de trabajo” de la entonces vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría (PP), y por agente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). “Para ello, se revestía de un conjunto de evidencias que hacían pensar al interlocutor que estaba con alguien oficial”, ha subrayado la Abogacía del Estado este lunes. Según la investigación, Gómez Iglesias primero hizo creer a su víctima que le ayudaría con la venta de una finca y le pidió una comisión de 300.000 euros; y después, ante el temor de De la Hidalga de que Hacienda le embargara, el joven lo convenció para acudir a su banco a sacar sus activos financieros e, incluso, intentó que los transfiriera a una cuenta a su nombre.
Sin embargo, El Pequeño Nicolás lo niega. Por un lado, rechaza que acudiera con De la Hidalga a su entidad financiera con el objetivo de quedarse con su dinero —según él, fueron para tratar de convencer al director de otro tema—. Y, por otra parte, dice que sí iba a ayudar al empresario con la venta de la finca, que llegó a buscar compradores y que, por ello, tenía interés en pactar una “comisión del 5% en caso de éxito”.
—¿Realizó algún tipo de gestión? —le ha preguntado el fiscal.
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—Tuve una comida con el exministro Miguel Ángel Moratinos y me pasó unos contactos. Y de esos contactos… Especialmente Teodorín tenía pensado tener una propiedad en España, que fuera una finca, grande y que estuviera cercana en Madrid —ha respondido Gómez Iglesias en referencia a Teodoro Nguema Obiang Mangue, actual vicepresidente de Guinea Ecuatorial e hijo del presidente— Pero, a partir de que me detienen, hay mucha exposición mediática, y no se siguió con la operación.
Pese a la tesis de las acusaciones, la defensa también mantiene que El Pequeño Nicolás era “colaborador” del CNI y que le proporcionó información, pero que este organismo nunca reconoce este tipo de cooperación. “Colaboradores hay muchísimos. Labores de inteligencia, hay muchísimas. Pero yo sí lo he hecho”, ha declarado Gómez Iglesias a los miembros del tribunal de la Audiencia Provincial de Madrid, que han dejado este lunes el juicio “visto para sentencia”.
El Pequeño Nicolás, absuelto en 2018 en un primer juicio por calumnias al CNI, acumula dos penas de prisión. En 2021, la Audiencia lo castigó a un año y nueve meses por falsificar el DNI para que un amigo se presentase a la Selectividad en su nombre; y a otros tres años por hacerse pasar en 2014 por emisario del rey Felipe VI y de Sáenz de Santamaría durante un viaje a Ribadeo (Lugo), donde almorzó con el presidente de la compañía de transporte Alsa, Jorge Cosmen. Estos dos fallos se encuentran recurridos al Tribunal Supremo. Para febrero de 2023 se ha fijado una quinta vista oral contra Gómez Iglesias por crear una supuesta red criminal para obtener información confidencial de las bases de datos policiales. El ministerio público le pide otros nueve años y nueve meses de prisión por ello.
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