La actual crisis de la justicia guatemalteca, que persigue o ha enviado al exilio a más de una docena de jueces y fiscales por investigar el poder, ha convertido la elección de candidatos para la jefatura de la Fiscalía General, un cargo hasta ahora ocupado por la polémica Consuelo Porras —que podrá presentarse a la reelección— en un punto clave para la elección del segundo puesto con mayor poder del país.
Reino Unido emitió una nota de preocupación ante la situación actual y Estados Unidos sigue muy de cerca los últimos acontecimientos que afectan a gran parte de la región. Ante el panorama actual, la paradoja es que Estados Unidos, que durante décadas significó muerte y desestabilización en Centroamérica, se ha convertido en la esperanza para un amplio sector de la justicia, el periodismo o los Derechos Humanos de Centroamérica.
La embestida a la justicia independiente en Guatemala, las sanciones de la lista Engel en El Salvador y la reciente captura del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, han hecho de Estados Unidos el lugar al que miran ante la oleada represiva.
Desmontadas casi todas las iniciativas internacionales para luchar contra la corrupción en Centroamérica, como la CICIG de Guatemala o la MACCIH en Honduras, y con las fiscalías convertidas en un eficaz peón para tapar las corrupciones presidenciales y perseguir a periodistas y jueces independientes, la administración de Joe Biden es el nuevo Ministerio Público. Lo que para unos es la última esperanza de justicia, para el poder son intentos injerencistas.
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La aparición de esta semana del expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, esposado de pies y manos ante la prensa marca un punto de inflexión sobre el papel que Estados Unidos juega en la región. Su detención fue el resultado de una operación cocinada íntegramente en Estados Unidos y a la que Honduras solo se sumó poniendo las esposas, que no es poca cosa. Desde hacía años EE UU le pisaba los talones al expresidente.
La DEA y el FBI investigaron y recogieron pruebas y el Departamento de Justicia de Estados Unidos logró su detención y la posible extradición, por primera vez, de un expresidente centroamericano. Nada de esto hubiera sido posible con un sistema judicial cooptado y el fiscal general, Óscar Chichilla, a las órdenes del expresidente Hernández.
El modelo se repite en Guatemala. No es casualidad que Washington se haya convertido en el lugar de llegada de un buen puñado de jueces, fiscales valientes que han salido exiliados en los últimos meses. La fiscal Consuelo Porras ha puesto en marcha una maquinaria de persecución para proteger al presidente Alejandro Giammattei de dos denuncias de corrupción por supuestamente recibir dinero para su campaña de una minera rusa y la revelada la semana pasada por el periódico El Faro, de una constructora.
La respuesta de su fiscalía fue atacar a los periodist as que mostraron las pruebas y abrir causas judiciales contra los investigadores de lasextintas Fiscalía Especial contra la Impunidad o la jueza Erika Aifán, convertida en un símbolo de resistencia ante la embestida encabezada por Porras, la mano que mueve la oleada represiva.
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Según el exfiscal anticorrupción, Juan Francisco Sandoval, que en julio pasado se vio obligado a salir del país, lo vivido la semana pasada fue “muy triste para la justicia en Guatemala”, ya que en pocos días fue citado a declarar el opositor Aldo Ávila y dos miembros de la CICIG fueron sometidos a proceso “por hacer su trabajo con el objeto de denigrarlos y humillarlos”, denunció Sandoval en televisión.
La respuesta oficial, no obstante, ha ido siempre en la línea de defenderse ante lo que el Gobierno considera mentiras y ataques a su soberanía. Cuando, en septiembre de 2021, Washington sancionó a su fiscal Consuelo Porras, Giammattei la defendió en Twitter con vehemencia y sugirió que Estados Unidos atacaba la soberanía de Guatemala.
En El Salvador, la conocida como Lista Engel ha metido presión sobre el comportamiento del círculo cercano del presidente Nayib Bukele. El mandatario salvadoreño ha sido mucho menos sutil que sus vecinos en sus críticas a Estados Unidos y a su encargada de negocios debido a las sanciones impulsadas por Biden, quien incluyó a varios de sus funcionarios más cercanos en una lista de actores antidemocráticos y corruptos, la lista Engel, en la que también está Porras.
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