En México estamos viviendo uno de los momentos más delicados para la justicia y la estabilidad democrática. La recién conformada Suprema Corte de Justicia de la Nación, electa por voto popular y con una clara inclinación hacia la visión política de la llamada 4T – y no quiero politizar el tema, pero veamos- ha dado señales de querer reformar o reinterpretar uno de los pilares más importantes del derecho: el principio de cosa juzgada.
Puede sonar técnico, lejano o incluso irrelevante para el ciudadano de a pie, pero no lo es. La cosa juzgada es, en pocas palabras, la garantía de que un juicio que ya fue analizado, discutido, peleado y en conclusión resuelto por un juez, ya no puede volver a abrirse; salvo por los recursos ya existentes como lo es el recurso de apelación o de inconformidad (pero eso es aparte). En pocas palabras, es la certeza de que un conflicto termina jurídicamente. Pues todos sabemos -o al menos!los que nos dedicamos a esto- que nadie puede volver a ser juzgado por la misma acción ya resuelta.
Sin este principio, viviríamos en incertidumbre permanente. Y cuando la incertidumbre llega al sistema de justicia, llega también a la vida cotidiana de las personas, de los negocios, de las familias y de los gobiernos.
Pero veamos, ¿que es lo que esta propuesta pretende…?
La propuesta que se ha ventilado en distintos espacios apunta a flexibilizar las reglas para impugnar sentencias firmes, es decir, permitir que asuntos ya concluidos puedan revisarse una vez más mediante el llamado Recurso de Nulidad de Juicio Concluido.
Este recurso ya existe, pero es extraordinario y se aplica en casos muy específicos y excepcionales: cuando la sentencia se obtuvo mediante corrupción, fraude, falsificación, violencia o violación gravísima del debido proceso. Su propósito es corregir injusticias evidentes, no convertirlo en una “segunda oportunidad” para quien perdió un juicio en condiciones legales.
La preocupación surge porque una Suprema Corte con fuerte inclinación política podría ampliar los supuestos para reabrir juicios según intereses coyunturales. Esto no solo politiza la justicia, sino que rompe la confianza ciudadana en el sistema, el cual nos ha costado tanto trabajo mantener.
Desde un enfoque ciudadano, es importante reconocer que este recurso tiene aspectos positivos:
1. Corrige injusticias evidentes.
Cuando una sentencia se obtuvo bajo corrupción, amenazas o pruebas falsas, permitir revisarla protege al ciudadano y al propio sistema judicial.
2. Garantiza el acceso pleno a la justicia.
Si un error gravísimo afectó la sentencia, este recurso evita que ese error quede impune o sin corregirse.
3. Fortalece la legitimidad institucional.
Permite que el Poder Judicial demuestre voluntad de autocorrección cuando un caso lo exige.
Es decir, bien aplicado, este recurso es una herramienta valiosa, pero solo cuando se usa con límites estrictos y criterios técnicos, y no solo por ocurrencia.
Pero ahora veamos sus riesgos, la situación cambia por completo si la Corte pretende abrir la puerta para usar este mecanismo de manera libre, amplia o discrecional. Los riesgos son profundos y afectan directamente la vida ciudadana:
1. Incertidumbre jurídica total.
Imagina haber ganado un juicio por pensión alimenticia, un tema laboral, un contrato o incluso un juicio penal… y que después de años de litigio te digan que puede reabrirse porque “se revisará nuevamente”.
Nadie podría sentirse seguro.
2. Persecución política disfrazada de legalidad.
Juicios concluidos contra figuras políticas, empresarios o líderes sociales podrían reactivarse solo por conveniencia, no por justicia.
3. Colapso del sistema judicial.
Si miles de asuntos concluidos pudieran volver a litigarse, los tribunales simplemente no tendrían capacidad para atender la avalancha.
4. Desconfianza en las inversiones y en la actividad económica.
Sin certeza jurídica no hay inversión, no hay contratos confiables y no hay crecimiento económico.
5. Pérdida de legitimidad de la Suprema Corte.
Una Corte sometida al vaivén político deja de ser garante de derechos para convertirse en instrumento de poder.
Y esto nos hace preguntarnos ¿Por qué es tan grave modificar la cosa juzgada?
Porque afecta directamente el Estado de Derecho -el cual mencionan a diario en las mañaneras-, es decir, la regla que dice que las leyes se aplican por igual a todos y que los procesos judiciales tienen un principio y un final.
Sin Estado de Derecho, lo que existe es arbitrariedad. Y con arbitrariedad, ningún ciudadano está seguro.
La justicia no puede depender de simpatías políticas ni de la popularidad momentánea. Debe sostenerse en principios firmes y universales, como la cosa juzgada. Reformarla desde una visión ideológica, sin pleno análisis técnico, equivale a desarmar los cimientos del sistema jurídico mexicano.
Hoy más que nunca, defender este principio no es defender a jueces o a abogados; es defender la paz cotidiana de las familias, la estabilidad de los negocios y la protección de los derechos de todos.
Porque cuando la justicia se politiza, no gana nadie. Y cuando la certeza jurídica se rompe, pierde todo un país, pues la justicia no solo es teoría, es justicia cotidiana.
