Hablar del derecho a la salud en México debería ser hablar de dignidad, de atención médica oportuna y de instituciones capaces de responder a las necesidades de la población. Sin embargo, para millones de mexicanos, acudir a un hospital público se ha convertido en una experiencia marcada por la incertidumbre, el cansancio y, muchas veces, la desesperación.
Nuestra Constitución reconoce el derecho humano a la protección de la salud. En teoría, cualquier persona debería recibir atención médica suficiente, medicamentos y tratamientos adecuados. Pero la realidad cotidiana nos muestra otra cara: hospitales saturados, falta de especialistas, escasez de medicamentos, largas filas desde la madrugada y personal médico trabajando bajo presión extrema.
El problema no es nuevo. Durante años, el sistema de salud pública ha operado con enormes carencias estructurales. Basta escuchar las historias de ciudadanos que pasan horas esperando una consulta en el IMSS o en hospitales generales, solo para recibir una cita meses después o salir con una receta que no puede surtirse por falta de medicamentos.
Y aquí es importante hacer una distinción: el personal médico no siempre es el responsable directo de estas deficiencias. Muchos doctores, enfermeras y trabajadores de la salud hacen auténticos esfuerzos heroicos para atender a la población pese a trabajar con recursos insuficientes. El verdadero problema parece encontrarse en la planeación institucional, en la administración y en políticas públicas que no han logrado fortalecer el sistema de salud al ritmo que crece la demanda.
Hoy existe un debate importante respecto a las reformas que buscan ampliar la cobertura médica para que más personas puedan acceder a servicios de salud pública. La intención puede parecer positiva: garantizar atención a quienes históricamente no han tenido acceso. Sin embargo, surge una pregunta legítima y profundamente ciudadana: si actualmente el IMSS enfrenta serios problemas para atender de manera digna a quienes sí aportan cuotas obrero-patronales, ¿realmente tendrá capacidad para recibir a una población aún mayor?
No se trata de estar en contra de que más personas reciban atención médica. Al contrario, la salud debe ser universal. Pero ampliar derechos sin ampliar infraestructura, presupuesto, personal y equipamiento puede provocar justamente el efecto contrario: el colapso del sistema.
La ciudadanía observa con preocupación cómo los hospitales públicos ya trabajan al límite. En muchas clínicas del IMSS, conseguir una consulta con especialista puede tardar meses. Las cirugías se posponen constantemente y las áreas de urgencias llegan a operar saturadas. En algunos hospitales generales, los familiares deben incluso comprar medicamentos o material médico por su cuenta porque simplemente no hay abasto suficiente.
Entonces, la discusión de fondo no debería ser únicamente quién puede entrar al sistema, sino si el sistema realmente está preparado para responder con calidad y eficiencia.
Porque cuando un derecho existe solamente en el papel, pero en la práctica no puede ejercerse plenamente, ese derecho termina debilitándose. El derecho a la salud no se garantiza únicamente inaugurando programas o anunciando reformas; se garantiza construyendo hospitales, contratando médicos, invirtiendo en tecnología, asegurando medicamentos y mejorando las condiciones laborales del personal sanitario.
Además, existe otro tema delicado: la desigualdad. Quien tiene recursos económicos puede acudir a un hospital privado y resolver rápidamente una emergencia médica. Pero quien depende exclusivamente del sistema público muchas veces debe esperar, endeudarse o incluso resignarse. Esa diferencia evidencia que el acceso real a la salud sigue dependiendo, en gran medida, de la capacidad económica de cada familia.
México necesita una discusión seria y responsable sobre su sistema de salud. No una discusión política o partidista, sino una discusión HUMANA. Porque detrás de cada estadística hay personas: adultos mayores esperando una cirugía, madres buscando medicamentos para sus hijos o trabajadores que, después de años aportando al seguro social, sienten que el sistema les ha quedado a deber.
La salud no puede convertirse en un privilegio ni en un discurso de campaña. Debe ser una prioridad nacional sostenida con planeación, presupuesto y visión a largo plazo.
Tal vez la pregunta más importante no sea si el IMSS puede abrirse a más personas, sino si el Estado mexicano está dispuesto a hacer las inversiones necesarias para evitar que el sistema termine completamente rebasado.
Porque al final, el verdadero termómetro de un gobierno no está únicamente en sus discursos, sino en la manera en que trata a sus ciudadanos cuando más vulnerables se encuentran: enfermos, preocupados y esperando atención, ya que recordemos que la justicia no solo es teoría, es vida cotidiana.
