En los últimos días ha comenzado a tomar fuerza una propuesta impulsada desde el Poder Ejecutivo que, bajo el argumento de modernizar el sistema financiero y combatir prácticas irregulares, plantea que la compra de gasolina se realice exclusivamente mediante tarjetas bancarias, ya sea de nómina o de crédito. A simple vista, podría parecer un paso lógico hacia la digitalización del país; sin embargo, cuando se analiza a profundidad, esta medida revela un preocupante sesgo de exclusión social.
México es un país donde millones de personas aún viven y trabajan en la informalidad. No es un secreto: gran parte de la economía se mueve en efectivo. Desde pequeños comerciantes hasta trabajadores del transporte público, como taxistas, choferes de plataformas digitales y operadores de rutas colectivas, dependen del dinero en mano para subsistir diariamente. Para ellos, esta propuesta no representa modernización, sino un obstáculo directo a su forma de vida.
El problema no radica en la intención de transparentar el uso de recursos o de reducir actividades ilícitas, objetivos que sin duda son legítimos. El verdadero conflicto está en la forma. Obligar a que el acceso a un insumo básico como la gasolina dependa de la bancarización es ignorar una realidad social evidente: no todos tienen acceso a servicios financieros.
De acuerdo con diversos estudios, una proporción significativa de la población mexicana no cuenta con una cuenta bancaria. Y no se trata solo de una decisión personal, sino de condiciones estructurales: falta de sucursales en zonas rurales, desconfianza en las instituciones financieras, costos de mantenimiento de cuentas y, en muchos casos, ingresos que no cumplen con los requisitos del sistema bancario tradicional.
Entonces, ¿qué pasará con quienes no tienen tarjeta? ¿Se les negará el acceso al combustible? ¿Se les obligará, de facto, a integrarse a un sistema que históricamente les ha sido ajeno? Esto no solo genera incertidumbre, sino que también podría constituir una vulneración al derecho de acceso a bienes y servicios esenciales.
Particularmente preocupante es el impacto que esta medida tendría en el sector transporte. Los taxistas, operadores de plataformas como Uber, Didi, etc…, repartidores y conductores de transporte público dependen directamente del combustible para trabajar. Limitar su forma de pago es, en los hechos, limitar su capacidad de generar ingresos. Es poner en riesgo el sustento diario de miles de familias.
Además, hay que considerar el contexto. México aún enfrenta brechas importantes en inclusión financiera. Implementar una medida de este tipo sin antes garantizar condiciones equitativas de acceso al sistema bancario es, cuando menos, irresponsable. Es construir una política pública desde el escritorio, sin pisar la calle, sin escuchar a quienes serán directamente afectados.
La modernización no puede ser sinónimo de exclusión. Avanzar hacia una economía digital debe ser un proceso gradual, acompañado de políticas de inclusión, educación financiera y fortalecimiento de la infraestructura bancaria. De lo contrario, lo que se presenta como un avance termina siendo un retroceso en términos de justicia social.
No se trata de rechazar el uso de tarjetas o de negar los beneficios de la digitalización. Se trata de entender que el país no es homogéneo, que existen distintas realidades y que las decisiones públicas deben contemplarlas. Obligar, en lugar de incluir, nunca ha sido la solución.
Hoy más que nunca, es necesario que las autoridades escuchen. Que abran espacios de diálogo con los sectores involucrados. Que diseñen políticas públicas que no solo sean técnicamente viables, sino socialmente justas.
Porque al final del día, el acceso a la gasolina no es un lujo, es una necesidad. Y condicionar esa necesidad a la posesión de una tarjeta bancaria no es modernizar: es excluir. Por que la justicia no solo es teoría, es vida cotidiana
